ENRIQUE CURIEL
05 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Nuestra Constitución dispone de una potencia reformadora y modernizadora indiscutible. La sociedad española sufría en el año 1978 las consecuencias de la larga influencia de la Restauración y del franquismo que significaba, entre otras cosas, la obsolescencia y el anacronismo de toda la estructura jurídica referida a la legislación penal, civil o al derecho de familia, por ejemplo. El resto de los países europeos habían intensificado su modernización jurídica a partir del nuevo ciclo constituyente iniciado en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Nuestra sociedad era, en el comienzo de la Transición, más compleja y más moderna, pero nuestros instrumentos jurídicos, humanos y materiales nos remitían a la España del siglo XIX. En esta realidad encuentra su explicación la crisis de la justicia en nuestro país. La calidad de nuestros jueces, fiscales o abogados es indiscutible, pero el sistema no funciona. Ahora asistimos a la entrada en vigor de dos nuevas e importantes leyes. La referida al procedimiento civil y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores y modificada, antes de entrar en vigor, en relación con los delitos de terrorismo. En ésta ley se eleva la edad penal a los 18 años, se crean juzgados de menores y fiscales especializados, se modernizan las medidas de internamiento en centros específicos, se contempla la educación y tratamiento psicológico y terapéutico para lograr la reinserción y para no condenar doblemente al joven que debe cumplir la pena. Pero estos cambios no dependen sólo de su publicación en el BOE. Se requieren recursos económicos importantes para aplicarlos. Pero el Gobierno, obsesionado por el tótem del «déficit cero», se resiste a financiar la reforma. De acuerdo con los datos recogidos por Instituciones Penitenciarias, la previsión de coste por parte de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la competencias de menores se eleva a 45.000 millones de pesetas. La Xunta tiene una previsión de 4.600 millones para poner en marcha la reforma. El Gobierno mantiene que ha invertido 4.000 millones. No resulta extraño que el Defensor del Pueblo, asociaciones de jueces y fiscales y gobiernos autonómicos hayan pedido aplazar o graduar la entrada en vigor de la ley. El Gobierno se niega mirando de reojo hacia el País Vasco. Lamentablemente, una vez más, disfrutaremos de una ley escrita en la arena de la playa. Las olas se encargarán de borrarla.