ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
15 nov 2000 . Actualizado a las 06:00 h.Suponga usted que un pretendido informador se dedicase a denunciar a periodistas, según él, enemigos de su pueblo. Y suponga que esas denuncias, formuladas en una sociedad libre y pacífica, no tuviesen otra consecuencia que la de abrir un debate sobre la acción profesional de denunciante y denunciados. ¿Podría limitarse legalmente la libertad de expresión de tal pretendido informador? Es muy dudoso. Imagine ahora que las acusaciones referidas se produjeran en una sociedad en la que actuase una banda terrorista que, habiendo situado como objetivo de sus crímenes a los que en su delirio considera enemigos de su pueblo, hubiera cometido 802 asesinatos. E imagine que, pese a ello, ninguno de los periodistas denunciados hubiese sido nunca objetivo de la banda. ¿Podría limitarse legalmente el derecho de aquel pretendido informador a expresarse libremente? Es discutible, aunque, con total seguridad, al decidir debería valorarse el riesgo de que los periodistas denunciados pudieran terminar sufriendo un atentado. Suponga, en fin, que esa posibilidad aterradora se hubiera hecho realidad en repetidas ocasiones, de forma que una y otra vez los delatados _que no ya los denunciados_ como enemigos del pueblo que la tal banda dice defender hubieran sido asesinados. ¿Debería permanecer inerme el Estado de Derecho ante la acción pretendidamente informativa de quien podría suponerse de modo razonable que actúa como chivato de la banda? ¿No constituiría la continuada y evidente relación de causa-efecto existente entre las denuncias que realiza el delator y los crímenes cometidos por la banda motivo más que suficiente para limitar la libertad de expresión del denunciante e investigar la posibilidad de que uno y otra actuasen de consuno? Ambas preguntas se responden por sí solas. El Estado de Derecho no puede tolerar que un sujeto utilice un papelucho nauseabundo _Ardi Beltza (Oveja Negra)_ para colocar en la diana de ETA y sus compinches a quienes, ejerciendo su libertad de información, denuncian la barbarie del fascismo terrorista. Y no puede hacerlo porque existen muchos más que los indicios racionales de criminalidad exigidos por la ley para perseguir penalmente a quien amparándose en su supuesta libertad de expresión pretende eliminar de raíz la de todo el pueblo vasco. La única puesta hoy en entredicho por la acción de quien, presentándose como oveja, actúa como lobo.