JOSÉ VARELA FAÍSCAS
08 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Cada vez que nuestros diputados son convocados a elegir por mayoría cualificada, una brisa de aire refresca las cámaras legislativas. La nueva necesidad aritmética transforma el escenario, aunque no siempre el guión de la pieza que representan. La trinchera queda atrás y se despliega la fuerza por campo abierto: las fronteras cuentan menos porque de lo que se trata, precisamente, es de ensanchar los espacios comunes. El consenso entra en juego como un paso ineludible para el alumbramiento. Llámese Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, consejo de RTVE o Defensor del Pueblo. Se trata de situar por encima de intereses estrictamente partidistas la designación de un o unos representantes, de investirlos de una autoridad incuestionable para que su actuación goce del respeto sin el cual su función carecería de sentido. Más allá de mayorías absolutas, la elección compromete a los votantes. Este ejercicio de ductilidad política, de gimnasia democrática, de tolerancia está a punto de ponerse a prueba en Galicia con el nombramiento del Valedor do Pobo. Se trata de una institución con más autoridad que potestad y ahí radica, precisamente, su fuerza. Como una buena parte de las que requieren este amplísimo respaldo parlamentario, alcanzan un extraordinario prestigio, pero su funcionamiento no es esencial, en el sentido literal del término, para el Estado. Su actividad tiene más valor ético que práctico. En este aspecto, no deja de ser una paradoja que la constitución o, en su caso, renovación de los órganos rectores de instituciones como la del Valedor do Pobo exijan muy amplias mayorías, mientras la aprobación de los Presupuestos del Estado, el diseño de la política económica, la educación, la de Defensa, la propia conformación del Gobierno y la designación de su presidente, aun la del presidente de la República si fuese el caso, no precisen de semejante acuerdo: con un voto de diferencia es suficiente, legítima y legalmente suficiente. ¿Para qué sirve, pues, en política, la autoridad moral?