ROBERTO L. BLANCO VALDÉS
29 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Un derecho sin el que los trabajadores no podríamos defender nuestras reivindicaciones laborales. O, como dice la Constitución, nuestros intereses. ¿Quién se atrevería a discutirlo? La huelga es un derecho... pero es sólo uno más de entre otros muchos. Ese es, de hecho, el principal de los problemas que los derechos plantean actualmente en las sociedades democráticas: el de cómo cohonestar la práctica simultánea de los que, por su naturaleza, acaban resultando incompatibles entre sí: piénsese, por ejemplo, en el de intimidad y en la libertad de información. O en el de huelga y en el todos aquellos a los que su ejercicio inmoderado puede acabar por afectar. Porque el de huelga es, casi más que ningún otro, un derecho cuyo ejercicio provoca perjuicios a personas que nada tienen que ver con los destinatarios directos de la presión que desarrollan los huelguistas. Esa es la razón por la que la misma Constitución que garantiza como derecho fundamental el de hacer huelga, añade, de inmediato, que la ley que lo regule establecerá garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La actual huelga de los conductores de autobuses, origen de un caos en toda la provincia de A Coruña, y, por su influencia, en buena parte de Galicia, muestra con una insuperable claridad lo injusto que resulta que miles de ciudadanos paguen las consecuencias de un conflicto laboral que no tienen ninguna capacidad de resolver. Pues si es cierto que la mayor parte de las huelgas extienden sus efectos fuera del círculo estricto de las partes en ellas implicadas, no lo es menos que tal extensión no puede ser ilimitada. Y si hay un sector donde esta verdad es evidente por sí misma, ese es el del transporte de viajeros. No discutiré yo la procedencia o improcedencia de las peticiones de los conductores de autobuses de A Coruña. Pero aun en el supuesto de que aquéllas fueran las más justas de la tierra, es altamente discutible que un conflicto laboral que afecta a unos cientos de trabajadores pueda dejar a docenas de miles de niños sin posibilidad de acudir a sus escuelas. Hasta ahora hemos venido aceptando como buena la teoría sindical de que la mejor ley de huelga es la que no existe. Una teoría que exige para su mantenimiento de una responsabilidad y autocontención de los trabajadores que los del transporte suelen, por desgracia, estar muy lejos de tener.