VENTURA PÉREZ MARIÑO Una buena Justicia es aquella que, respetando escrupulosamente la Ley, la interpreta de acuerdo con el contexto social en que se aplica. Y eso acaba de ocurrir con las últimas sentencias de los tribunales españoles tocantes a las listas de espera hospitalarias.
06 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Hasta hace bien pocos años, los servicios públicos tenían más de regalados que de exigibles y los beneficiarios pocos derechos tenían sobre los mismos, debiendo contentarse con lo que recibían. Hoy, las cosas han cambiado felizmente y los servicios públicos, y de forma especial la sanidad, son un derecho para los ciudadanos y un deber para la Administración. La responsabilidad por el mal funcionamiento en el Derecho español es objetiva, y no requiere apreciar negligencia, sino tan sólo tres elementos: una actividad encuadrable en la prestación de un servicio público, un daño, y una relación de causalidad entre éste y el funcionamiento del servicio cuyas consecuencias no debe soportar el perjudicado. Las dos sentencias que se acaban de dictar por la Audiencia Nacional condenando al Ministerio de Sanidad, y en similar medida la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenando al Sergas, han establecido que una actuación no suficientemente ágil por parte de los servicios sanitarios en el tratamiento de dolencias correctamente diagnosticadas como de riesgo, _o falta de medios en el caso gallego_, conllevan responsabilidad para la Administración pública correspondiente, sin que los ciudadanos sean los obligados a soportar el daño ocasionado. Recurrir lo que no es recurrible La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha anunciado que su departamento recurrirá lo que no es recurrible, pues al no superar la indemnización la cuantía de veinticinco millones de pesetas en cada caso, sólo le cabe un recurso en interés de Ley, que no afecta ni anula las sentencias ahora dictadas. Parece sin embargo, entretanto, que lo mejor que se puede hacer desde la Administración es acabar con las listas, pues de lo contrario se van a acumular las indemnizaciones a pagar. La ministra ha de entender que España no va bien y que lo inteligente es mejorar la administración, pues en los tiempos que vivimos no hay derecho a morirse porque no se hayan puesto los medios necesarios para evitarlo.