EL DEBATE La decisión del magistrado Guillermo Ruiz Polanco de poner en libertad al supuesto narcotraficante gallego Alfredo Cordero ha originado una auténtica tormenta judicial. La Fiscalía Antidroga insinúa que pudo haber prevaricación. El magistrado se defiende e insiste en que él se ha limitado a cumplir la ley.
22 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.EN CONTRA
MÁS SENSIBILIDAD JUDICIAL Y SOCIAL
Carmen Avendaño Portavoz de la Asociación Érguete
Me parece que la medida de Juan Ortiz Úrculo es una medida importante y seria. Demuestra que la opinión de la sociedad empieza a llegar a los ámbitos de la judicatura, aunque no parezca haberse enterado el juez instructor. Ahora confiamos en que esta causa pase a otro juzgado y el enfoque sea muy distinto. Cualquiera de los otros jueces instructores de la Audiencia Nacional que han demostrado sensibilidad en los temas del narcotráfico pueden hacerse con el caso y adoptar medidas que se tomen a tiempo. En Galicia hay una sensibilidad fuerte en la sociedad hacia estos temas, y tengo también la sensación de que a determinados ámbitos no llega la preocupación social por el tema del narcotráfico.
A FAVOR
CAUTELAS DEL JUEZ ANTE LA PRISIÓN
José Vázquez Jefe de sección de La Voz de Galicia
Decretar la prisión de una persona, aunque sea sospechosa de un delito tan grave como el narcotráfico, es la medida más decisiva que debe tomar un juez, porque la privación de libertad es el mayor castigo, sobre todo cuando no existe sentencia condenatoria. Para mantener la prisión de un presunto delincuente, deben existir firmes razones. En el caso de Alfredo Cordero, el juez, en su independencia y discrecionalidad, entendió que su participación en los hechos no es más relevante que la de los procesados que ya están en libertad. incluso puede que no haya encontrado en la prueba de cargo indicios suficientes para una medida tan dura como la prisión. Son razones del juez, aunque no se compartan.