Técnicos inspeccionando la curva de A Grandeira donde descarriló el Alvia 04155
Técnicos inspeccionando la curva de A Grandeira donde descarriló el Alvia 04155 XOÁN A. SOLER

06 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay palabras que pierden su significado por usarlas demasiado. Una de ellas es «responsable». En el mundo de la empresa, el responsable es quien dirige un departamento o una sección, con capacidad operativa y salario acorde con la relevancia de sus decisiones, retribución mucho mayor que la de los empleados normales, que no es que sean irresponsables, pero no tienen el título. Sin embargo, la realidad le da la vuelta al razonamiento anterior cuando llega la hora de exigir responsabilidades. Lo estamos viendo en el juicio del caso Alvia, el del accidente ferroviario en el que murieron 80 personas. Si hacemos caso a lo que dice la defensa, toda la seguridad de este enorme sistema de transporte dotado de mil ayudas tecnológicas, homologaciones y normativas depende de la atención de un trabajador que cobra 2.200 o 2.400 euros al mes. Veremos lo que establece la sentencia, pero según esa parte del proceso, se trata de un fallo humano. Y, como dice la sabiduría popular, un fallo lo tiene cualquiera. O sea, que «estaba de Dios».

Las empresas tienen sus mecanismos de corrección y los socios pueden descabalgar al jefe irresponsable. Pero en la política la cosa está más difícil. Ahí tenemos el caso de la muerte del Mar Menor, en Murcia. A pesar de que allí existe una consejería de Agua, Medio Ambiente y unas cuantas cosas más, los oficialmente responsables del cuidado de aquella laguna litoral no se han inmutado. Dimitieron hace unos años varios asesores científicos y punto. Se ve que no se ha localizado al picachón encargado de abrir válvulas. En el escándalo de los títulos regalados por una universidad madrileña, la única responsable fue la funcionaria que falsificó un diploma, entre muchos otros que colaron. Parece que en este mundo en el que mandan poderes no electos, los electos se resignan a la dejación de responsabilidades. Cuando la nueva ley de Costas arruine algunas industrias alimentarias gallegas, ¿quién responderá? ¿Y con la de Bienestar Animal, que amenaza a la ganadería ya bastante amenazada? No deberíamos llamar responsables a quienes no hayan demostrado esa cualidad con hechos.