Una nación puede contar con un caudillo, una patria no, porque es de todos los ciudadanos. Y ciudadanos somos todos los que nos cobijamos bajo una constitución política, sello de nuestra condición y garantía de nuestros derechos. La patria es el patrimonio de las libertades de los ciudadanos. Así lo afirmaban Jaime Rodríguez-Arana y Anxo Sampedro, en su obra O Galeguismo. Su sentido de la patria, enmarcado en ese galleguismo liberal, que tantos profesamos de un modo tan callado, tiene un epicentro: el ciudadano, el gallego, con su cultura y sus lenguas, con su modo de ser y de vivir, con su singularidad.
Y he aquí la clave, la singularidad, pero no buscando las plañideras de nuestros entierros, ni las santas compañas que nos asustaban por embarradas corredoiras de no sé qué fiesta prohibida. Galicia, hoy, es más orgullosa que nunca. Incluso diría ansiosa, cargada de esa ambición de arriesgar y vencer. Comenté, en la anterior columna, la necesidad de que las administraciones tuvieran, al igual que las empresas, sus propósitos, y hoy voy mas allá: estos deben reforzar nuestra singularidad. Si fuera escritor le diría unos, si me dedicara a la pintura le diría otros, quizá parecidos al del escritor, pero como soy economista, permítame que le diga que aquellos que realzando lo propio refuercen nuestra competitividad en el mundo.
Una ojeada al Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum nos diría que España está en el puesto 114, de un total de 141, a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con la regulación administrativa. Por eso, en la anterior columna, decía que aplaudiría hasta la extenuación la ley de simplificación administrativa de la Xunta. Presidente Feijoo, ahí tiene un propósito y una singularidad positiva. Y otro aplauso, en este caso, para la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, que, de un modo totalmente acertado, ha aprovechado el nuevo documento normativo para mitigar los efectos negativos de la legislación estatal. Se puede ser riguroso y no por ello paralizar el desarrollo económico. Ella lo quiere demostrar.
Pero la mentalidad disruptiva que recorre los despachos de Medio Ambiente e Vivenda, de Facenda e de Economía, deben consolidarse, después profundizarse y a continuación extenderse al resto del gobierno autonómico y, lógicamente, a los gobiernos municipales. Aunque esto último sea para nota. Difícil pedirles a aquellos incapaces de ejecutar un presupuesto que tengan ideas y capacidad para torcerle el brazo a los poderes fácticos de su burocracia. La firma es poder. La ambigüedad es poder. Lo subjetivo es poder ¿Por qué perderlo? La revolución administrativa municipal debe venir impuesta. Por tanto, como primera línea de batalla, centrémonos en la autonómica que, por otra parte, en caso de éxito, reforzará nuestra singularidad.
Este país, y me refiero a España, ha creado desde la muerte de Franco hasta ahora 43.119 normas estatales. Cada año genera cien mil páginas de disposiciones estatales. Las autonomías emiten, al año, entre doscientas y trescientas normas con rango de Ley. Los boletines oficiales autonómicos, no bajan, anualmente, de las setecientas mil páginas. El empresariado gallego, tan ausente, también debe crear sus propósitos, y si este fuera uno de ellos, crear un departamento de asuntos regulatorios. Desde ahí, impulsar y defender, con ideas y vigilancia, la simplificación administrativa. Nadie hace lo que no se le pide. ¿O sí?