Ya no hay estrategias. Imposible planificar. Toca esperar y andar, dejando que los pies solo rocen el último halo de luz, nunca que lo traspasen. En tiempos no muy lejanos, ese caminar, impulsado por la fuerza de la inercia, hubiera entrado en los terrenos oscuros de la incertidumbre, bailado con el riesgo, y al término de la jornada, se hubiera lamido las heridas con la prepotencia del que solo se sabe vencedor. Hoy, toca abandonar la supremacía del roble para guarecerse en la flexibilidad del junco. Entender que estamos siendo moldeados y que no conocemos al viento. En todo caso, el bosque ya empieza a mostrar un nuevo rostro que indica que el crecimiento será heterogéneo. La España abandonada dejará de ser «la vaciada» para convertirse en «agraria». Con ello, se reconocerá que uno de los pocos sectores anclado en la certidumbre es el agroindustrial. Y aquí, Galicia, si algún día es capaz de crear instrumentos capaces de actuar sobre su estructura territorial (tiene once millones de parcelas en manos de 1,6 millones de personas), podrá alzar, aún más, su voz. Hace algo más de un año, el conselleiro de Medio Rural, José González, afirmaba en este medio que estaba construyendo un marco legal para desarrollar los polígonos agroforestales y agroganaderos, un concepto ilusionante que, por cierto, se gestó en un fructífero proceso de diálogo entre la Consellería de Industria e Emprego y la cadena gallega de la madera, la más importante de España. Dieciséis meses más tarde, seguimos esperando. Y no estamos para perder el tiempo.
Los últimos datos de paro dejan en evidencia esta realidad. Baleares, Girona, Tarragona, Málaga, áreas emergentes y tractoras del Levante, destruyen empleo, mientras las provincias semidesérticas lo crean y, con ello, hacen algo insospechado, captan población inmigrante. Galicia es un ejemplo, aunque todo aquello que llegó con una ráfaga de aire puede irse con la siguiente. El 2019, totalmente precrisis, terminó con un saldo neto positivo de 11.154 personas y 112.022 extranjeros, esencialmente de Portugal, Venezuela, Brasil y Colombia. Este año, veremos cómo una parte de los expulsados del sector turístico migrarán y, esencialmente, irán a esa España recién descubierta, la agraria. ¿Cómo anclar a la población inmigrante? ¿Con trabajo? No. Su ausencia de arraigo les permite perseguir las bolsas de empleo. La respuesta es más sencilla, acceso a puestos de trabajo de mayor cualificación y, para esa meta, solo hay un camino ágil e inmediato: la formación para el empleo. Un sector que supo poner en valor Francisco Conde y que ahora, en la nueva estructura, debe defender la nueva conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana. Uno de sus principales retos ha de ser fortalecer la oferta educativa en aquellas áreas a potenciar por la nueva agenda económica europea. Ahí van a residir los nuevos yacimientos de empleo. Tarea compleja, porque nuestra rigidez normativa impide que, por ejemplo, un ingeniero de vanguardia, con amplia experiencia, imparta clase en un sencillo certificado de profesionalidad, salvo que tenga un curso de preparación pedagógica de más de cuatrocientas horas. En este país, llamado España, a los parados solo los formamos para ser camareros. Y aunque aquí, la responsabilidad recae en su totalidad sobre el Ministerio de Trabajo, no estaría de más que nuestra conselleira conociera esta y otras ineficiencias de nuestra pesada burocracia y, con ello, liderara un deseado frente antisistema.