La muerte del general Franco coincidió con una profunda crisis económica, la denominada del 73 o del petróleo. España, desde hacía años, intentaba ser la China de Europa. No captábamos industrias textiles, pero sí nos volvíamos locos por ser sede de industrias automovilísticas. Sabíamos que el sueldo de nuestros obreros era inferior al de sus equivalentes alemanes o franceses, pero también sabíamos que sus salarios los colocaban entre la élite de la naciente clase obrera. Llevábamos tanto tiempo de desarrollismo, desde que Rodó y Carrero Blanco mandaron al banquillo a la Falange, que los jóvenes estaban descartando emigrar y las esposas de los obreros estudiaban lanzarse al mercado laboral.
En ese escenario, el empleo colapsó. España, como todo país de industrialización reciente, competía en precios. Todos los costes vinculados al sector energético saltaron por los aires, resultando imposible trasladarlos a los precios. El sector empresarial recortó en el único coste que podía: el salarial. Y así el trabajador industrial se encontró en la oficina de empleo con su esposa, que al igual que su vecina, también deseaba trabajar, y con su hijo, que ya había decidido no emigrar. Los tres se miraron y se preguntaron : «¿Y aquí que ocurre?».
Los periodistas del Movimiento tenían clara la respuesta. La culpa era de la democracia. Con Franco, esto no ocurría. El ejército franquista hacía de caja de resonancia y la joven democracia entendía que no se podía dar marcha atrás. Don Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico de Suárez, lo tenía claro.
Eran necesarias reformas que transfirieran dinero rápido y directo a los más débiles. Necesitaba una política de transferencias más que de gasto público. Lo segundo era lento, lo primero, inmediato. Necesitaba desmontar la amenaza de un golpe de Estado, contener el descontento y convencer de que la democracia cuidaba de los suyos. Así nacieron los Pactos de La Moncloa: todos se unieron, todos pidieron y todos consiguieron. Se aprobaron medidas inmediatas y se sentaron las bases de otras de mayor alcance, muchas de ellas ejecutadas con reconocida pericia por Felipe González. Hoy, otro Gobierno nos reclama cohesión y, a la vez, nos dice que debe reunirse siete horas para aprobar un plan económico que ya venía, supuestamente, cocinado desde Economía y Hacienda. A los pocos días, Sánchez anuncia que va a movilizar 200.000 millones y, al instante, la ministra Yolanda Díaz le retira a Galicia cien millones de políticas activas de empleo. ¿Por qué? No tiene dinero para los ERTE, como reconoce, y debe vaciar las otras partidas de su ministerio ¿Estamos locos o qué nos pasa? Los fondos para los expedientes los debe buscar la ministra de Hacienda y sacarlos de donde hagan menos falta. En paralelo, Economía negocia el programa SURE, y se ufana de que tendremos diez mil millones para empleo. Lo cual solo sirve para que Trabajo afirme que los cien millones volaron para todo el año. ¡Ah! Por cierto, en Galicia el único sindicato perjudicado sería la CIG. A este Gobierno no hay quién lo entienda ¿O No? A lo mejor se entiende todo. En todo caso, nuevos pactos de La Moncloa, mañana mismo. Pero, con las cartas encima de la mesa. Cediendo y obteniendo. Plan económico de choque. Presupuestos expansivos y elecciones a principios del 2022.