Una serie sobre amor y deuda

La compleja relación de Argentina con el FMI se prolonga desde hace décadas. El último episodio, las tensiones por el crédito de 57.000 millones concedido para sortear la quiebra


Buenos Aires / La Voz

La relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional podría alimentar el guion de un culebrón. Un drama con numerosas temporadas, cada una con un hilo argumental distinto. La última se estrenó en el 2018, cuando el Gobierno de Mauricio Macri cerró un crédito por valor de 57.000 millones de dólares con la institución para rescatar las maltrechas finanzas del país. Dos años después, y tras el cambio de mando en la Casa Rosada, la renegociación de la deuda ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el FMI y el actual Ejecutivo de Alberto Fernández, que busca desesperadamente una quita y un aplazamiento de los pagos antes de que finalice este mes.

La trama, como en anteriores ocasiones, tiene el mismo punto de partido: la delicada situación de la economía argentina. La deuda del país con el fondo se eleva actualmente a 44.000 millones de dólares, debido a que el último de los tres desembolsos que debía tramitar el FMI fue denegado tras la debacle financiera desatada durante el período electoral. Argentina, según el organismo multilateral, había pedido ayuda por la combinación de una serie de factores que desataron «fuertes presiones sobre el peso, una prima de riesgo soberano más elevada y problemas de liquidez a corto plazo». A la vista de todo ello, los inversores empezaron a deshacerse de sus activos en pesos y el Ejecutivo se vio en dificultades para hacer frente a sus compromisos presupuestarios.

Ese criticó escenario golpeó con toda su crudeza en los comicios del pasado 27 de octubre, al extremo de que se convirtió en el tema central de la campaña. Tras el vuelco político que devolvió al peronismo al poder, el principal objetivo del nuevo Gobierno fue renegociar la deuda. Desde entonces han sido múltiples los encuentros entre enviados del FMI y el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los viajes de este a Washington para tratar la que será piedra angular de su gestión.

El penúltimo episodio de una serie que ahora mismo mantiene expectante al país y a los prestamistas fue la irrupción de Cristina Fernández de Kirchner, quien avivó la línea argumental del actual Ejecutivo con fuertes críticas al FMI y a la gestión de Macri. «Yo me pregunto: cuando dicen ‘no, no se puede hacer una quita porque su estatuto prohíbe hacer quitas’, ¿pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir las fugas de dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?», cargó la vicepresidenta, acusando al fondo de haber sido partícipe de la fuga de capitales que soporta el país austral.

El FMI salió a desmentir de inmediato la acusación, afirmando que no se habían saltado las normas internas, pero la mecha estaba prendida. El presidente actual, Alberto Fernández, no dudó en secundar a su compañera a continuación e insistió en que la deuda era insostenible. Y saltó la sorpresa. Cuando todo parecía encaminado a un desenlace trágico, el fondo admitió esta tesis: la deuda actual es inasumible para el país.

Ese cambio de tercio ha abierto una nueva etapa en la que ambas partes han tratado de devolver las aguas a su cauce. Hace solo unos días, la actual directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunía con Guzmán y se deshacía en elogios hacia el trabajo del Gabinete actual: «Apoyé al ministro, y el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza. Como dije desde el principio, nuestro compromiso está con la Argentina y su población. Queremos ver que la economía se recupere de manera duradera, que se reduzca la pobreza y que las argentinas y los argentinos prosperen».

Ahora, la situación se mantiene en un impasse, un período de suspense que tiene paralizado a todo el país. El FMI dice que continuará con su análisis exhaustivo de la economía argentina, mientras que el Gobierno trata de alcanzar un acuerdo con extensión de plazos y una quita del 30 %. El desenlace de esta temporada es, ahora mismo, un misterio.

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