El FMI calcula que los sobornos se comen el 2 % del PIB mundial anualmente, es decir, casi dos billones de dólares. En el caso de España, hay estudios que disparan la factura de la corrupción y su impacto en el crecimiento hasta los 90.000 millones de euros, el 8 % de la riqueza del país
14 abr 2019 . Actualizado a las 20:59 h.La corrupción -que el Fondo Monetario Internacional (FMI) define como el abuso de la función pública en beneficio propio- preocupa a los españoles, que la perciben como el segundo problema del país, solo por detrás del paro y por delante de los políticos. Así lo confirma periódicamente el CIS, cuyo último barómetro se publicó esta misma semana. Otro indicador, el último Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), que anualmente elabora la oenegé Transparencia Internacional, constata que España se ha estancado en este aspecto, ya que en el 2018 solo subió un puesto, hasta el 58 sobre 100 ( y a mayor puntuación, menor corrupción) en este indicador, lo que la coloca en el puesto 41 de los 180 países estudiados, junto con Georgia, Letonia y San Vicente y Las Granadinas. Desde la organización señalan que una economía como la española, situada entre las 15 primeras del mundo, «no debería estar por debajo de los 70 puntos en el CPI si quiere mantener su imagen y competitividad».
Pero el país aún está purgando los escándalos de las últimas décadas. Más de 2.000 personas, entre funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, han sido procesadas en los últimos cuatro años por delitos de corrupción cometidos al calor de la última etapa de bonanza económica -con la burbuja inmobiliaria y financiera como exponente-, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y precisamente una sentencia por corrupción fue la espoleta que precipitó, hace casi un año, que prosperara la primera moción de censura de la democracia y hubiera un cambio de Gobierno. Con este telón de fondo, hay consenso en que las prácticas corruptas en cualquiera de sus formas -prevaricación urbanística, sobornos, cohecho, malversación, fraude, etc.- son un mal que combatir, pero no hay la misma unanimidad respecto a lo abultado de su factura.
¿Cuál es el coste económico de la corrupción? Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de la oenegé Transparencia Internacional España, asegura que «es muy difícil saberlo» porque a veces ni las propias sentencias condenatorias «dejan claro cuál es el coste para el erario público».
A nivel global, un estudio del FMI lo sitúa en el 2 % del PIB mundial, o lo que es lo mismo, entre 1,5 y 2 billones (con b) de dólares. Y se refiere únicamente a los sobornos, a los costes directos. El impacto de las prácticas delictivas sobre el crecimiento es aún mayor y difícil de cuantificar. Publicado en el 2016, el informe considera la corrupción como «un impuesto al crecimiento», una «plaga» -así se refirió a ella la directora del FMI, Christine Lagarde, hace unos días- que «reduce el crecimiento, eleva la desigualdad y alimenta la desconfianza».
La UE y el caso español
Extrapolando el cálculo global del FMI a España, la factura anual estaría en torno a los 20.000 millones de euros. Pero un reciente estudio sobre Los costes de la corrupción en la UE, realizado por el grupo de Los Verdes en el Parlamento europeo, multiplica por cuatro esa estimación, disparando hasta los 90.000 millones anuales (el 8 % del PIB) el mordisco en nuestro país. Tan abultada diferencia se explica porque Los Verdes incluyen en sus cálculos, además de las pérdidas directas por prácticas ilícitas, también las indirectas, como la sangría en la recaudación tributaria y la pérdida de inversión extranjera.
Según estos cálculos, comparada con el resto de la UE, España se situaría en el centro de la tabla, donde once países -entre ellos Grecia, Italia o Hungría- superan el 10 % del PIB drenado por la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el 8 % español supone prácticamente el doble de la tasa europea, del 4,8 % y algo más de 900.000 millones (casi el PIB de España). En el extremo opuesto está Holanda, que pierde el 0,76 % de su PIB, 4.400 millones al año, seguida de Luxemburgo y Dinamarca (2 %), Reino Unido (2,3 %) y Finlandia (2,5 %).
Pero, volviendo al caso patrio y para ilustrar la disparidad de datos sobre lo rentable que sería atajar la corrupción, otro estudio -realizado el pasado año por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)- cifra en unos 10.000 millones de euros anuales, es decir, un punto de PIB, lo que nuestra riqueza sumaría si pudiera acabar con estas prácticas ilícitas y mejorara, a la vez, otros elementos de calidad institucional. Los autores, Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, ambos profesores de la Universidad de Murcia, manejan varios escenarios en el plazo de 15 años: la hipótesis más conservadora es que el PIB se sumara un 8 % adicional, que en el caso más optimista se dispararía hasta el 30 %. El escenario central -dicen- indica que el PIB se elevaría un 16 %, a razón de algo más de un punto al año.
Despilfarro: 147.000 millones
Por su parte, desde Transparencia Internacional España, Villoria recuerda el Índice de Percepción de la Corrupción: «Cada diez puntos que el país suba en el CPI se traducen en medio punto de PIB adicional, de modo que si en lugar de tener 58 tuviéramos 68 dispondríamos de 5.000 millones extra al año». También pone el foco sobre otro termómetro, el del despilfarro: «Durante los años del bum -se cuantifica desde el 2002 al 2012- se han perdido 147.000 millones en obras innecesarias, incompletas o que no su pueden mantener. Sobrecogedor».
«Si sumamos gastos innecesarios, inversiones que no llegan e ingresos que se pierden por el fraude derivado de la corrupción, estaríamos en dos puntos de PIB anual, 20.000 millones que ganaríamos si lográramos reducir el fenómeno», resume, mientras subraya algunas de las medidas indispensables para lograrlo: más transparencia, acabar con la impunidad, regular los lobbies o proteger a los denunciantes.