¿Hay dinero para volver a subir la nómina de las pensiones con el IPC?

Dos estudios, uno de la Universidad de Valencia y otro de Fedea, concluyen que la medida provocará un déficit permanente en las cuentas de la Seguridad Social, que en solo treinta años rondaría el 5 % del PIB


«La revalorización de las pensiones con el IPC provocará un déficit permanente en el sistema de pensiones». Sin paños calientes. Es el título del estudio elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia, que ha calculado las consecuencias de volver a vincular la subida de las prestaciones a la inflación.

La medida, que han consensuado todos los grupos políticos con representación en la Comisión del Pacto de Toledo, que atienden la petición de los colectivos de pensionistas movilizados durante los últimos meses, supondrá un esfuerzo extra para las maltrechas arcas de la Seguridad Social, que el año pasado ingresó 18.800 millones menos de los que gastó en pagar pensiones.

Y eso, cuando las prestaciones solo se revalorizaban un raquítico 0,25 %, el mínimo fijado en la última reforma del sistema, que el anterior Gobierno dejó en suspenso para poder aprobar sus últimos Presupuestos, para lo cual tuvo que ceder ante el PNV y ligar de nuevo a la inflación las subidas a jubilados y viudas. No solo eso, sino que también accedió a retrasar sine die la entrada en vigor del temido factor de sostenibilidad, que amenazaba con rebajar la pensión de los nuevos pensionistas para hacer frente al aumento de la esperanza de vida.

Si el Ejecutivo del PP sacrificó los puntales de su reforma, el actual Gobierno parece dispuesto a darle definitivamente la puntilla, con el consenso del resto de grupos políticos, que no están dispuestos a enemistarse con un colectivo de cerca de nueve millones de votantes. Otra cosa son las repercusiones económicas de esa contrarreforma.

Según los cálculos del grupo de estudio de la Universidad de Valencia, una subida anual de las pensiones en el entorno del 1,8 % (un objetivo de inflación en línea con los objetivos del Banco Central Europeo) provocará que el déficit de la Seguridad Social (solo en la parte contributiva, dejando al margen los complementos a mínimos, que se llevan otros 7.300 millones en este 2018) se dispare hasta superar los 50.000 millones de euros anuales en el 2030. Si se amplía el foco al 2050, el desfase entre ingresos y gastos rozaría los 184.000 millones en solo un ejercicio, diez veces más que el agujero actual. El quebranto representaría cerca del 5 % del PIB español previsto para ese año.

En el escenario más adverso, con una inflación superior, del 2,2 % de media en cada ejercicio, el déficit se duplicaría, hasta superar los 360.000 millones.

Equilibrio

Por contra, los autores defienden que manteniendo unos años más los puntales de la actual reforma, con una subida mínima del 0,25 %, en menos de quince años el sistema habría recuperado el equilibrio financiero, lo que permitiría de nuevo revalorizar las pensiones en el entorno del IPC (quizás unas décimas por debajo) sin afectar a la sostenibilidad de la Seguridad Social.

«La derogación de esta reforma es una decisión que no puede tomarse a la ligera», advierten en otro análisis dirigido a los grupos parlamentarios los economistas de Fedea, que concluyen que un cambio de política en la línea que parece estar contemplando el Pacto de Toledo resultaría en un reparto de cargas «de dudosa equidad» entre generaciones, ya que la financiación del gasto en el sistema de pensiones (cada vez mayor, entre otras cosas por la necesidad de aumentar el endeudamiento para afrontarlo) «recaería sobre una fracción cada vez más pequeña de la población». Y es que en los próximos años el país se enfrenta a un reto demográfico, por la jubilación de la generación del baby boom (que supondrá un incremento del 50 % en el número de pensiones que se pagan en la actualidad) y a un aumento de la esperanza de vida, que ensanchará la base de pensionistas en mayor medida de lo que crecerá, si no se producen cambios sensibles, la de los cotizantes.

Por eso, aunque valoran las medidas anunciadas para tratar de elevar los ingresos, ven imprescindible que se tomen medidas de contención del gasto, para lo cual proponen mantener ligadas las pensiones mínimas al IPC, «con el fin de garantizar la suficiencia del sistema», aplicando al resto de prestaciones un índice diferente, que tenga en cuenta la evolución de los precios pero que también sea sensible a la salud financiera del sistema de pensiones, para que este sea sostenible y haya un reparto de las cargas (y de las crisis futuras) entre los trabajadores en activo y los jubilados.

José Antonio Herce, experto en pensiones y director asociado de Analistas Financieros Internacionales, concede que «la pérdida de poder adquisitivo causa ansiedad, especialmente entre las personas de más edad» y remarca que el verdadero problema para la sostenibilidad futura del sistema no reside tanto en si se vuelven a indexar las prestaciones con el IPC sino en su cuantía inicial. En España, recuerda, la tasa de sustitución respecto al último salario supera el 80 %, una de las más altas de Europa, donde en otros países como Suecia, Alemania o el Reino Unido la ratio está por debajo del 50 %.

En esa misma línea apunta Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y uno de los autores del informe antes citado, que destaca que «las pensiones en España son muy generosas: estamos pagando un 20 o un 25 % más de lo que correspondería» si nos comparásemos con los países de nuestro entorno. «No estamos en contra de que se revaloricen [las prestaciones] con el IPC, ¿pero estamos dispuestos a hacer ese gasto?», expone el experto, que recuerda que no se trata de sacar 1.600 millones para afrontar el aumento un año, sino que estas subidas se consolidan y siguen actualizándose en años posteriores, por lo que hay que tener en cuenta si se podrán seguir pagando en el futuro.

«Otra posibilidad, que antes parecía descabellada, pero que ya hemos comprobado que no lo es, es que el sistema colapse y pase como en Grecia o en Portugal, donde de la noche a la mañana se recortaron las pensiones un 20 %», advierte, para concluir que « es mejor hacer un aterrizaje suave y no de forma brusca».

Las alternativas

«Las continuas retiradas de la hucha de las pensiones señalan desde hace muchos años un problema que no se ha querido ver, y es que el diseño del actual sistema de pensiones ya no vale», expone Alberto Vaquero, profesor de la Universidade de Vigo, que ve superada la diferenciación tradicional de cotizaciones y pensiones contributivas de prestaciones no contributivas e impuestos. Y advierte de que el verdadero problema vendrá en quince años, con la jubilación de los baby boomers, «que tampoco parece que preocupe en exceso a los responsables políticos».

Y no hay recetas mágicas para el futuro. Todos los escenario de cambio, advierte Vaquero, tienen pros y contras. «El primero sería el mantenimiento de una pensión pública de menor cuantía, que debería ser complementada con instrumentos de previsión social complementaria», lo que obligaría a los trabaja dores en activo a reservar parte de su renta para consumo futuro. Algo que choca con la escasa capacidad de ahorro de los ocupados y el escaso atractivo de los planes de pensiones y productos similares.

El segundo escenario sería inyectar más dinero, recaudado vía impuestos ordinarios, al pago de las pensiones contributivas. Es lo que ya se ha hecho en los últimos años con los préstamos del Tesoro a la Seguridad Social (en este caso recurriendo a deuda), «pero implicaría retirar gasto de otras partidas y esto tampoco es bueno».

«En tercer lugar se podrían aumentar la financiación vía cotizaciones sociales, pero esto tampoco es algo bien acogido, sobre todo por parte de los empresarios», aunque sería la mejor alternativa para no sobrecargar las cuentas públicas.

Otros condicionantes

Mientras los economistas hacen cálculos sobre el coste de la contrarreforma de las pensiones, otros expertos matizan el pesimismo. «Nadie sabe lo que va a pasar de aquí al 2040», apunta el sociólogo Antonio Izquierdo, catedrático de la Universidade da Coruña, que se pregunta «si alguna proyección acertó que iban a venir seis millones de inmigrantes a España».

«Menos población activa podría producir más si estuviera adecuadamente empleada», argumenta Izquierdo, que expone que las nuevas generaciones están mucho más formadas y, por tanto, tienen unos mayores índices de productividad que el sistema empresarial podría aprovechar si estuviera preparado.

Por eso, el sociólogo cree que el problema para la sostenibilidad del sistema no es demográfico, sino recaudatorio. «Es deficitario porque no se recauda un tercio de lo que habría que ingresar», remarca el sociólogo, que cree que una de las soluciones al problema pasaría por armonizar la presión fiscal a la de nuestros vecinos de la UE.

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