Sesenta años de integración en Europa

El 1 de julio de 1958 se activó el desarme arancelario que puso en marcha la Comunidad Económica Europea y, sin solución de continuidad, un proyecto político, social y financiero al que han ido sumándose estados del Viejo Continente. La creación de este mercado común, aún con las imperfecciones lógicas del desconocimiento inicial, ha acabado por beneficiar a todos los países miembros, aunque estas plusvalías no se hayan repartido durante todo el tiempo de forma equitativa


Catedrático de Estructura Económica de la Universidade da Coruña

Hace hoy sesenta años -el primero de julio de 1958- se inició el mayor desarme arancelario de la historia. Seis países europeos habían firmado el año anterior, en Roma, el tratado constituyente de la Comunidad Económica Europea (CEE). Este tratado, entre otras medidas, contemplaba la realización de un mercado común para los países firmantes, como más tardar, siete años después, en 1964. Hace ahora 60 años, se iniciaron las rebajas escalonadas en los aranceles de Alemania, Francia, Italia y los integrantes del entonces Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Estas rebajas deberían conducir a la desaparición de los aranceles entre estos países y en un arancel común frente a terceros, esto es, aquellos países que permanecían fuera del área.

El éxito de las rebajas arancelarias fue tal que no hubo que esperar a 1964 para completar el período transitorio. En 1962, la práctica totalidad de las mercancías circulaban entre estos países sin ningún tipo de traba fronteriza y, al mismo tiempo, la CEE disponía ya de un arancel único frente al exterior del área. Este éxito no constituyó ninguna sorpresa. Años antes, había sucedido algo semejante con la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA): desde 1953 la producción de acero en Europa se desarrollaba exponencialmente, el comercio entre los estados miembros alcanzaba máximos año tras año y la calidad, variedad y precio de los aceros europeos figuraban entre los más competitivos del mundo.

Sin embargo, la creación de un mercado común entre los países miembros planteaba algunos problemas. La libertad de circulación de mercancías tendría que descansar sobre una competitividad de los productos exportados por los países miembros que no estuviera basada en salarios más bajos, que favorecieran artificialmente sus exportaciones (al estilo de las exportaciones chinas a partir de 1990 en el mercado mundial). Este aspecto de la cuestión afectaba directamente a Italia. Los salarios italianos eran los más bajos de la CEE y, en este diferencial, unos precios agrarios más bajos eran una parte importante de la explicación. Debemos recordar que, a finales de los años cincuenta, el componente alimentación iba más allá del 80 % de los gastos de las familias. Este problema se solucionó según el programa de la Democracia Cristiana, por aquel entonces, la fuerza decisiva en la construcción europea. La Política Agraria Común, la conocida PAC, homogeneizaba los precios agrarios en toda la CEE y, por consiguiente, los diferenciales en los salarios ya no se basaban en distintos precios de la alimentación sino, por ejemplo, en los diferenciales de productividad, etc. De esta forma se mataron dos pájaros de un tiro: se consiguió un nivel de vida en el rural semejante al urbano y una competencia en el sector industrial basada en las productividades de cada sector.

Otro problema que planteaba la creación de un mercado común eran las migraciones desde el sur (la cuenca mediterránea, España y Portugal ahí incluidos) hacia un norte industrial y dinámico que se veía como la zona más beneficiada con la creación de la CEE y el mercado común. Estaban pensando en las grandes ciudades francesas y alemanas (de la antigua RFA) y en la zona norte de Italia y, por el otro lado, en el sur de Italia y en las zonas rurales de los países miembros. La solución, otra vez según el modelo de la Democracia Cristiana, a través del Fondo Social Europeo. Tratar de educar a los inmigrantes en las grandes ciudades en las formas de vida urbanas, amén de dotarlos de habilidades industriales y, en los lugares de origen, tratar de fijar la población a través de programas de desarrollo rural. Años más tarde, este fondo se complementaría con el FEDER (el fondo de las regiones menos favorecidas), al darse cuenta de que el problema era de más calado, sobre todo habida cuenta de las experiencias de Bruselas con el mezzogiorno italiano.

En definitiva, y visto este asunto desde la distancia de los sesenta años transcurridos, los inicios de la construcción europea se llevan a cabo siguiendo una estrategia que estaba basada en unos planteamientos teóricos que, solo hoy en día, sabemos que estaban equivocados. Pero en los años sesenta nadie los ponía en duda. Eran comúnmente aceptados, tanto en la academia como en la política. Pensaban que la libertad de comercio y la concurrencia internacional iban a causar destrozos en los países miembros, que en algunos países iban a desaparecer sectores enteros frente a unas importaciones más competitivas y que los costes de ajuste iban a ser muy notables. De ahí la existencia de fondos europeos que trataran de mitigar los impactos negativos.

Soy de la idea de que, de iniciarse hoy el proceso de integración europea, no habría fondos de ningún tipo, ni siquiera los fondos estructurales o la PAC. Al final, el paso de los años nos ha demostrado que, durante el proceso de integración, no solo se han integrado los mercados, sino que, además, se han integrado también los procesos y los sistemas productivos. Han dejado de ser nacionales para ser europeos o, si se me apura, globales. Los países no exportan lo que les sobra e importan lo que les falta frente a su demanda interna, sino que importan y exportan los mismos productos, aunque no son las mismas calidades. Al mismo tiempo, las exportaciones, por ejemplo, tienen un gran contenido en importaciones previas. Y las importaciones tienen también un alto contenido en exportaciones previas. Los procesos productivos han dejado de ser un sistema a escala nacional para regionalizarse en un sistema de escala europea y, frecuentemente, global. En otras palabras, ni las exportaciones son un producto nacional al cien por ciento, ni las importaciones un producto totalmente extranjero.

En un contexto de este tipo, hoy sabemos que los costes de ajuste inherentes a un proceso de integración son asumibles por los países miembros y, por lo tanto, no es necesaria la existencia de fondos de compensación. En esto España tuvo suerte. Ha sido un país beneficiario neto de las ayudas europeas -bienvenidas sean-, pero hoy sabemos que no eran imprescindibles.

La experiencia europea pone de manifiesto que los procesos de integración benefician a todas las economías integrantes, aunque los beneficios no se repartan durante todo el tiempo de forma equitativa. Los países más beneficiados hoy no tienen que serlo mañana, ni los más perjudicados tampoco. Por eso llama la atención que sesenta años después algunos planteamientos populistas traten de minimizar las ventajas del libre comercio, de las uniones aduaneras y de la integración económica. Que los EE.UU. del presidente Trump estén amagando con una guerra comercial imponiendo aranceles a productos europeos, chinos o canadienses no deja de ser un planteamiento anticuado y fuera de lugar. Y lo peor: es un planeamiento equivocado. Ese no es el camino para defender el interés nacional. Es como decir que, imponiendo el latín, nos entenderíamos todos mejor. Un capricho y una frivolidad.

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