Banco de Vigo (III): la caída

Cuatro entidades de crédito gallegas se desplomaron en menos de un lustro: la Banca Deza, de Vilagarcía, y la Banca Romero, de Ourense, en 1921; Viuda e Hijos de Juan Fuentes, también ourensana, en 1923, y finalmente el Banco de Vigo, en 1925. 

Manuel Vázquez, un vecino de Pinol, parroquia del municipio lucense de Sober, se presentó en la mañana del lunes en la sucursal del Banco de Vigo en Monforte de Lemos. Pretendía cobrar un cheque de 50.375 pesetas, librado a su nombre en Buenos Aires. El suspicaz cajero señor González, en un alarde de perspicacia, comprobó que la cifra había sido manipulada: la cuantía real del talón eran 375 pesetas y el beneficiario había antepuesto, en letra y número, «las cincuenta mil del ala por si cuajaba». La policía detuvo al cuco paisano por tentativa de estafa y se puso a buscar a su cómplice, ya que la perfecta falsificación revelaba «la mano de un perito en caligrafía».

El mismo lunes, Salvador Millán de Jesús se reincorporó a su puesto de director en la sucursal del banco en Pontevedra, tras haber pasado la Navidad con su familia en Ourense. General de la Guardia Civil en la reserva, Salvador Millán ocupaba el cargo en la entidad financiera desde hacía poco menos de cuatro años. Lo había nombrado su hijo, Manuel Millán Álvarez, director gerente del Banco de Vigo.

EL «LUNES NEGRO»

Las dos incidencias ilustran la normalidad en que discurría la actividad del Banco de Vigo una semana antes del desastre. El pánico se desató el lunes siguiente, el 19 de enero de 1925. Una avalancha de clientes se precipitaron sobre la ventanilla de la entidad para retirar sus depósitos. «En proporciones desusadas», aclaraba El Pueblo Gallego, periódico que, en un primer momento, atribuyó la histeria a los rumores propalados por los bancos de la competencia: «Es la historia de siempre en los negocios de esta índole: campañas de elementos interesados en el descrédito de sus competidores, el runrún continuado, la insidia lanzada como al azar».

Agotadas sus disponibilidades de efectivo, el banco cerró sus puertas y aquel mismo «lunes negro» presentó suspensión de pagos. Su consejo de administración, presidido a la sazón por Wenceslao González Garra, intenta apaciguar los ánimos. Proclama que el activo del banco es muy superior al pasivo y asegura que «todos los acreedores, los cuentacorrentistas, los depositantes, han de cobrar hasta el céntimo las cantidades que les pertenecen». El mensaje tranquilizador no prende y la justicia comienza a actuar. Sus primeras pesquisas indican que la desconfianza colectiva tenía fundamento: no era solvencia ni cautelosa gestión todo lo que relucía. El juez destituye al consejo y al director gerente de la entidad. En febrero, encarcela al oficial del banco Alejandro González. En marzo, ordena la prisión de Manuel Millán, a quien se le permite cumplir el arresto en su domicilio por motivos de salud. También detiene al padre del director gerente, Salvador Millán, y lo destituye como director de la sucursal de Pontevedra. Decreta asimismo el procesamiento de once consejeros y exconsejeros del banco, entre los que figuran nombres relevantes de la industria como Gaspar Massó, Eugenio Fadrique, Rafael Tapias o Antonio Conde.

LAS CAUSAS DEL DERRUMBE

Comienzan a aflorar las causas que condujeron al Banco de Vigo a suspender pagos. Tanto El Pueblo Gallego como el Galicia, los diarios vigueses que defendían con ahínco al banco y aducían su «brillante historial», se rinden a la evidencia y describen las eivas de la entidad. La desastrosa gestión de riesgos: «Se ha malbaratado el dinero en créditos sin suficiente garantía». La alocada expansión: «Se han abierto sucursales y más sucursales». La opacidad de las cuentas: «Los balances no reflejan la verdadera situación». Los indicios de trapos sucios: «Los íntimos de la casa» retiraron su dinero antes de que detonara la crisis. La opinión pública exige que se depuren responsabilidades y se aplique la ley con todo rigor, porque «la impunidad sería funestísima en este caso».

Accionistas y acreedores se organizan para recuperar su dinero. Y se enfrentan a los deudores que, en el río revuelto, dice El Pueblo Gallego, buscan «retrasar indefinidamente -que vale tanto como eludir- el pago de unos créditos concedidos a manos llenas, a chorros, sin garantía en su mayor parte». Finalmente, seis meses después de la suspensión de pagos, se alcanza una solución satisfactoria y la junta judicial aprueba la fórmula de convenio presentada por los acreedores. La Caja de Ahorros Municipal de Vigo, de acuerdo con una comisión gestora que representa a los accionistas y acreedores, se encargará de liquidar el Banco de Vigo en un plazo de tres años, prorrogable por semestres. Los acreedores se repartirán, como primer cobro, el dinero en metálico y las acciones que posee el banco en la Sociedad General Gallega de Electricidad. Y después, a medida que avance la liquidación de los activos -obligaciones de los deudores, enajenación de inmuebles...-, percibirán el resto de sus fondos. La Caja de Ahorros cobrará, en concepto de comisión, el 1,5 % de las cantidades abonadas a los acreedores.

UNA SOLA CONDENA

En mayo de 1929, cuatro años después de la suspensión de pagos y prácticamente culminada la liquidación de la entidad -ese año se vende en subasta su sede central, adjudicada al Banco Pastor por 1,5 millones de pesetas-, el tribunal que enjuició a los exresponsables del Banco de Vigo dicta sentencia. Manuel Millán, director gerente durante la última década de la entidad, es condenado a un año, ocho meses y 21 días de reclusión por un delito de estafa. Los demás exdirectivos y exconsejeros son absueltos.

El emblemático nombre de Banco de Vigo tendría una segunda vida: lo adoptó la Banca Viñas Aranda en 1957. Curiosamente, uno de los tres socios fundadores de esa casa de banca, constituida en 1918, era el abogado Salvador Aranda Tapias: el hijo de Salvador Aranda Graña, principal promotor del Banco de Vigo en los albores del siglo XX.

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