Malas noticias para los consumidores europeos. El fin del roaming, el sobreprecio aplicado por las operadoras de telefonía por llamar, enviar mensajes de texto o utilizar los datos en los teléfonos móviles en otros países de la UE, no llegará en diciembre, como había acordado el Parlamento Europeo en abril del año pasado. Habrá que esperar, al menos, hasta el 2018. Tras una intensa campaña de lobby por parte de las compañías del sector, los gobiernos de los Veintiocho han optado por una solución mucho menos ambiciosa, plasmada en una propuesta de la presidencia letona, que introducirá rebajas en los próximos meses pero no unificará tarifas hasta dentro de, al menos, tres años.
La intención del Consejo es que, a partir de julio del 2016, los usuarios dispongan de una «autorización de itinerancia básica», esto es, un paquete de datos, minutos de llamadas y SMS que podrían utilizar en otros países de la UE sin un recargo adicional sobre su tarifa doméstica. Una vez que sobrepase ese límite anual, que no se determina en la propuesta, pero que todo apunta a que será muy limitado, sí tendrá que abonar un sobrecoste. Y no sería hasta mediados del 2018 cuando se pediría a la Comisión Europea que evaluase «qué nuevas medidas serían necesarias con vistas a eliminar gradualmente las tasas de itinerancia», una redacción muy indefinida que deja la puerta abierta a retrasar de nuevo entonces el fin definitivo del roaming.
Los gobiernos de los Veintiocho se han afanado en presentar esta propuesta como un paso intermedio hacia ese objetivo y defienden que los usuarios notarán ya en los próximos costes una rebaja sustancial en el coste de estos servicios. Así, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, remarcó esta semana que «ya este mismo año con cualquiera de los acuerdos que tenemos en estos mismos momentos encima de la mesa se va a notar una reducción muy importante de los costes del roaming». «Lo único que se deja para el 2018 es una revisión de las tarifas mayoristas, pero lo que se apruebe ahora va a suponer ya a final de este año una reducción muy importante», añadió.
Guerra entre instituciones
El paso atrás que quieren dar los gobiernos se produce tras las nada veladas amenazas de las grandes operadoras de telefonía, que cuando el Europarlamento aprobó el fin de los cargos por itinerancia pregonaron que la medida les supondría perder un 2 % de sus ingresos anuales, un quebranto de 5.000 millones de euros, y advirtieron de que, de consumarse, recortarían en la misma medida las inversiones previstas en el desarrollo de redes digitales.
La Comisión Europea contestó con un informe en el que estimaba que, antes al contrario, las compañías podrían llegar a ganar hasta 300 millones de clientes que ahora, nada más aterrizar en otro país, lo primero que hacen es capar sus servicios de telefonía para no llevarse un susto en la próxima factura. Lo muestran los datos del Eurobarómetro, que asegura que el 70 % de los europeos limita el uso de su móvil en el extranjero y un 94 % no se conecta a Internet ni a ninguna aplicación que consuma datos por los elevados sobrecostes.
Pero, además de la guerra de cifras, la tentativa del Consejo de mantener vivo el roaming ha abierto una nueva guerra entre instituciones. No en vano, los gobiernos, con su decisión, han desautorizado al Parlamento Europeo y este, lejos de quedarse callado, ha enseñado ya las uñas, asegurando que la propuesta es «inaceptable». La pelea, aunque muy desigual, no ha hecho más que empezar.