Galicia recela de que se hayan retirado de la web datos sobre Costas

Insiste en que, con la reforma, cientos de empresas podrían tener que abandonar el litoral


redacción / la voz

Las conselleiras de Medio Ambiente y Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, respectivamente, solicitaron en su día una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para conocer de primera mano y aclarar con ella cuestiones relativas a la propuesta de modificación del reglamento de Costas, que ha conseguido enervar tanto a la Administración como a los empresarios del sector pesquero por temor a ser expulsados del litoral. Pero en lugar de ese encuentro demandado, Madrid y San Caetano se han enzarzado en una disputa epistolar sin verse las caras.

Desde Transición Ecológica, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insiste en la escasa afectación que tendrá la modificación del reglamento de Costas, en que se trata de una reforma «puntual», que corrige discordancias, necesaria a tenor de las últimas sentencias y, sobre todo, oportuna tras el informe a la Abogacía del Estado que determina que el plazo máximo de una concesión sobre dominio público marítimo-terrestre es de 75 años, contando desde que se concedió el título inicial.

Inseguridad jurídica

Ese afán por minimizar el calado de la modificación reglamentaria ha exasperado a Medio Ambiente y a Mar, que no han tardado en replicar a Morán que dudan de que el cambio en la interpretación sobre la duración temporal de las concesiones pueda definirse como una reforma «puntual» y «limitada», cuando, a su criterio, «suprime toda posibilidad de prórroga, al derogar los artículos del reglamento que la regulaban, y deja en absoluta inseguridad jurídica a conserveras, frigoríficos, depuradoras, cetáreas e, incluso, propietarios de viviendas, puesto que restringe el uso del dominio público a aquellas instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, y el informe jurídico recoge claramente que el uso residencial no es uno de ellos.

No contribuye a tranquilizar ni a la Administración autonómica ni a los afectados que se haya retirado de la web de consulta pública la documentación que había sobre los cambios en el reglamento de Costas. Al contrario, eso ha hecho «aumentar la preocupación por la modificación, toda vez que se trata de casos únicos de ausencia de información», pues ese vacío documental no se da -dicen- en el caso de otras reformas normativas en la página.

Depuradoras de marisco

Si a todas esas sospechas se une el hecho de que Morán, al referirse en su misiva a la actualización del canon de cultivos marinos, señala que las cetáreas de marisco no encajan en la definición de establecimientos de acuicultura marina en cualquiera de sus fases, la Xunta alberga cada vez menos dudas para augurar un éxodo obligatorio de docenas de empresas que tendrán difícil justificar que necesitan estar en la costa para desarrollar su actividad.

Desde luego, Madrid no ha aportado garantías de que las 400 instalaciones de la cadena mar-industria podrán continuar en el futuro en su emplazamiento litoral. Las conselleiras reprochan al departamento de Ribera que, a pesar de que así se le ha pedido, no hayan ofrecido argumentos sólidos y claros, ni datos sobre cómo el cambio va a afectar ahora y en el futuro a estas industrias.

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