Personal de la Xunta exige jubilarse a la vez que los marineros con los que trabajan

Es lo que tiene ir a la cabeza de España en un sector como el pesquero. Que a veces Galicia es tan, tan pionera, que sus peculiaridades y particularidades no encuentran encaje normativo y quedan en un vacío legal que se tiene que resolver a golpe de reclamaciones administrativas y resoluciones sin precedentes. Esto es lo que ocurre con los denominados muestreadores, un grupo de personal laboral de la Consellería do Mar -en la categoría de oficiales de segunda, asimilados a auxiliares administrativos- que no son marineros, pero embarcan con ellos; que no son biólogos, pero realizan algunas tareas coincidentes; que no son observadores científicos, pero toman nota de lo que ocurre a bordo de la embarcación... Son el personal que conforma la Unidade Técnica da Pesca de Baixura (UTPB), un equipo que hace unos años integraban diez personas y que ahora se ha reducido a seis, y que no existe en otra comunidad autónoma, por más que Andalucía lo intentase y llegasen de todos los lados, incluso del extranjero, a conocer su funcionamiento.

Su cometido es tomar muestras y recoger datos de la actividad que se realizan en las embarcaciones de bajura. No largan ni viran los aparejos, pero todo el pescado que entra pasa por sus manos. Lo pesan, lo tallan, apuntan el sexo, la zona en la que fue recogido, aparejo, tipo de fondo, tipo de barco... Una información extremadamente valiosa que permite después a los científicos analizar y extraer conclusiones sobre el estado de los recursos pesqueros y sirve de base para los informes que después se llevan como baza para negociar en Bruselas.

Sin libreta, pero a bordo

Evidentemente, esos datos se toman a bordo de una embarcación, no desde tierra. De hecho, algunos de los trabajadores cotizan al régimen especial del mar de la Seguridad Social. Y todos, sin excepción, van embarcados cada día que salen al mar -3 o 4 jornadas a la semana; el resto se emplea en volcar los informes en la base de datos- con el permiso de Capitanía, que los enrola como personal ajeno a la tripulación. Es decir, que tienen la misma jornada que un marinero -o más, dado que no siempre van en el mismo barco y tienen que desplazarse hasta el puerto que les toque- y, por tanto, están expuestos a idéntico peligro y a la misma penosidad a bordo. Y tanto, pues alguno del grupo ya ha sufrido algún naufragio.

Eso es lo que fundamenta la exigencia que los trabajadores han realizado a través del sindicato CSIF Galicia (Central Sindical Independiente y de Funcionarios). Reclaman que, al igual que se hace con los marineros, se les aplique un coeficiente reductor en la edad de jubilación. Ya no piden el 0,35 o 0,40, del que se benefician colectivos que incluso trabajan en tierra, pero sí el mínimo de 0,15 para poder retirarse a los 56 o 57 años y no tener que estar hasta los 65 sobre la cubierta de un barco.

Así se le reclamó a la Seguridad Social, pero el organismo denegó la petición. Y lo hizo porque la Xunta definió a los muestreadores como observadores científicos, colectivo que sí está excluido de la aplicación del coeficiente reductor.

La cuestión es que, según CSIF Galicia, estos empleados públicos son «oficiales de segunda, con contrato del grupo 4/18, de la categoría de un auxiliar administrativo, es decir, con salarios en nada parecidos a los de un observador científico». Es más, «hasta hace poco no cobraban ni el plus de peligrosidad», que al final les fue reconocido pero tuvo que mediar una sentencia, recuerda el sindicato, que vuelve a exigir que se le reconozca el derecho a jubilarse antes.

Un equipo reconocido, pero escaso de personal y de medios

La Unidade Técnica da Pesca de Baixura es una división muy reconocida y de gran prestigio, tanto entre la Administración como entre los propios profesionales del mar, que aceptan a su lado a ese personal ajeno a la tripulación y con el que trabaja codo con codo. Pero ese reconocimiento no se ve recompensado a la hora de dotarlo de medios y mejores condiciones. Por lo de pronto, lo que eran cinco equipos de diez personas se han convertido en seis equipos de seis personas, después de que uno se jubilase y otros miembros estén de baja por enfermedad. Así que una persona hace la misma labor a bordo que antes realizaban dos.

Además, si anteriormente las gestiones para encontrar un vehículo de artes varias en el que embarcar y las autorizaciones pertinentes lo hacía el personal administrativo, ahora deben encargarse los propios muestreadores, que deben contactar con el armador, tramitar los documentos a Capitanía Marítima y ocuparse de toda la burocracia.

Aún no acaban ahí los problemas. Los medios materiales que tiene son, además, precarios. En especial las furgonetas que tienen asignadas para los desplazamientos. Ya no es que sean antiguas, es que muchas tienen problemas graves, como asientos rotos, cuadros de luces estropeados y mantenimiento deficiente, aseguran. Está también la cuestión de la clasificación laboral. Para CSIF es criticable que estos trabajadores sean catalogados como oficiales de segunda, porque su trabajo no se corresponde con esta definición, y cree que con ellos, además, se produce una situación de desprotección, ya que no se les reconoce la dureza de la profesión al negarles el coeficiente reductor.

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