Bruselas avala la reforma de la estiba y para el cronómetro de las multas

El Tribunal de la UE decidirá la cuantía de la sanción por incumplir la legislación

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bruselas / corresponsal

Bruselas ha tardado menos de 24 horas en pasar la lupa a la nueva y polémica reforma de la estiba bajo la bocina. Su primer veredicto es positivo. La Comisión Europea confirmó ayer que, de acuerdo a la información enviada por las autoridades españolas, «parece que la reforma aborda las restricciones a la libertad de establecimiento en los puertos» y cumple con la legislación europea. El portavoz comunitario de Transportes, Enrico Brivio, confirmó que Bruselas «informará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que la reforma cumple con la normativa comunitaria».

Con este paso, el Gobierno español logra parar el cronómetro y congelar el expediente sancionador para que no se sigan acumulando los 27.000 euros diarios que los contribuyentes españoles vienen pagando desde el 11 de diciembre del 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por no acatar la orden de liberalizar el servicio de carga y descarga de mercancía en los puertos.

¿Evitará España las multas? 

Por el momento se ha evitado lo peor. La segunda sanción de hasta 134.000 euros por día de incumplimiento que pendía sobre España se mantiene en el aire. Pero en contra de lo que sugirió ayer el ministro de Fomento, De la Serna, España tendrá que digerir íntegramente o parcialmente los 24,5 millones de euros que lleva acumulados desde el 2014. «Lo que se ha hecho, no se puede deshacer», asegura una fuente comunitaria. Bruselas desmiente a Madrid y admite que habrá que pagar la factura. El volumen total de las sanciones lo decidirá el Tribunal de Justicia de la UE.

¿Por qué Bruselas no perdona las sanciones? 

El Gobierno de Mariano Rajoy tuvo hasta cinco años y medio de margen para ajustar la legislación, pero hizo oídos sordos a las reiteradas llamadas de atención de la Comisión Europea, una situación que impacientó a los funcionarios europeos, quienes lanzaron la primera advertencia el 25 de noviembre del 2011. La respuesta de España no fue satisfactoria y menos de un año después Bruselas le abrió expediente sancionador. Hasta el 20 de junio del 2013 estuvo esperando a que el Gobierno español cumpliese con sus obligaciones, sin éxito. Es entonces cuando el Ejecutivo comunitario llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Un año y medio esperando por la sentencia mientras el Ejecutivo de Rajoy, con mayoría absoluta, se negó a emprender la reforma. El tribunal dio la razón a Bruselas, que esperó otros seis meses antes de solicitar definitivamente multas por cada día que España incumpliese la legislación europea desde la publicación de la sentencia. La desidia del Ejecutivo español asciende a 24,5 millones de euros. «No podemos simular que no ha pasado nada», asegura una fuente de la Comisión Europea para justificar la decisión de no retirar el recurso a España. De hacerlo, estarían dando barra libre a otros.

Las terminales gallegas, pendientes de la negociación colectiva y de Puertos del Estado

En los puertos gallegos se palpa la incertidumbre y la preocupación. Incertidumbre de los estibadores porque desconocen qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Preocupación de las autoridades portuarias por la inminencia de una huelga que, sin duda, les hará daño. Unos y otros están a la espera de acontecimientos: los que se deriven de la negociación colectiva, por un lado, y de los dictados de Puertos del Estado, por otro. «Tras aprobarse el real decreto, la Autoridad Portuaria de Ferrol, al igual que el resto de España, está a la espera de las indicaciones que traslade Puertos del Estado para iniciar el cambio legislativo a nivel estatal, y que afectará por igual a todas las autoridades portuarias», explicaron ayer fuentes del organismo en el que operan 12 estibadores.

En A Coruña, con 34, el presidente de la autoridad portuaria, Enrique Losada, «espera que se llegue a un acuerdo en estos próximos días, que sería bueno para todos, y en especial para mejorar la competitividad de los puertos gallegos y españoles, lo que significa mejorar la competitividad de todos los operadores». 

Llamamiento a frenar la huelga

En Vigo, el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, reclamó a los representantes sindicales de un colectivo que allí está compuesto por 110 trabajadores que frenen cuanto antes la huelga prevista en días alternativos entre el 24 de mayo y el 9 de junio, para no perjudicar la actividad presente y futura de la dársena, así como que se avengan a negociar el desarrollo del decreto de aprobado el jueves en el Congreso.

«Este decreto se cumple por sí solo y una vez que entra en vigor todos estamos obligados a cumplirlo», dijo López Veiga antes de apuntar que ahora lo que hay que hacer es «entablar conversaciones con el comité de empresa para ver qué número de trabajadores tienen previsto acogerse a las medidas que están ahí». Esas medidas son las prejubilaciones previstas para los mayores de 55 años, que percibirían el 70 % de su salario. El presidente vigués alude también a las negociaciones para la subrogación de los trabajadores de las Sociedades Anónimas de Gestión en los centros de empleo que las autoridades portuarias se verán obligadas a crear para acoger a los estibadores que sigan activos. «Habrá un segundo decreto de desarrollo de los aspectos laborales y cuyo borrador entiendo que da una amplia base para negociar todo aquello que las partes quieren, por lo que entiendo que no debería haber huelga, al menos hasta que no se alcance un punto en el que haya posturas irreconciliables», añade.

Enrique López Veiga recuerda que el desmantelamiento de la Sagep «y su monopolio» se producirá en tres años, «con lo que no hay nada inmediato más que la asunción del 75 % de los trabajadores de la Sagep en el primer año, pero se puede rehacer de muchas maneras».

Los estibadores, por su parte, se sienten «perjudicados» y critican al Gobierno por no cumplir sus promesas. Insisten en que se trata de un ERE encubierto, aunque tienden la mano al diálogo.

La patronal se cita con los sindicatos el lunes y critica la «huelga encubierta»

La patronal de la estiba agrupada en Anesco ha cuadrado agenda con los sindicatos y ayer confirmó que el lunes se reunirá la comisión paritaria sectorial -órgano que tiene como cometido resolver conflictos laborales-, en un intento de buscar una solución que evite la huelga anunciada. Es en este marco de negociación donde deben tratarse cuestiones como la subrogación de trabajadores y otras medidas de carácter laboral.

Anesco ha hecho un llamamiento al diálogo y mostró su voluntad de llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes. Con idéntico ánimo acude la parte social.

Ahora bien, la patronal señala que no ayudan en nada las «huelgas encubiertas que se están produciendo en la mayoría de los puertos españoles», por lo que apela a la «responsabilidad» de los estibadores» y exige el cese inmediato de estas presiones como muestra de voluntad de llegar a acuerdos.

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