La jueza pitonisa de Lugo, suspendida dos meses de sus funciones por conceder indultos a presos

La Comisión Disciplinaria entiende que María Jesús Pérez García cometió una falta muy grave de ignorancia inexcusable


Lugo / La Voz

La Comisión Disciplinaria acordó imponer a la magistrada María Jesús Pérez García una sanción de dos meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones por entender que cometió una falta muy grave de ignorancia inexcusable, prevista en el art. 417.14 de la LOPJ, cuando era titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo.

Pérez García estuvo destinada en ese órgano judicial entre noviembre de 2016 y junio de 2019 y habría concedido indultos parciales a tres presos de Monterroso que ya tenían más de la mitad de su condena cumplida y ostentaban el tercer grado penitenciario. El problema se produjo porque como jueza solo puede tramitar los expedientes con las peticiones, lo que provocó que el Ministerio Fiscal tuviese que recurrir para anular la medida.

En este momento, la jueza tiene plaza como titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de La Coruña, un puesto parecido al que ya había ocupado entre 2006 y 2009 en Santander (Juzgado de Violencia de Género). En ese tiempo en la ciudad cántabra había sido sancionada con 3.000 euros por falta grave al afirmar que estaba en contra de la Ley Integral sobre Violencia de Género que aplicaba.

Además, se hizo conocida por el expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial al hacerse público que se dedicaba a echar cartas del tarot. Fue archivado por el órgano de gobierno del poder judicial porque las pruebas fueron consideradas ilícitas.

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En relación con la sanción de dos meses de suspensión que le impuso el Consejo General del Poder Judicial  a la magistrada María Jesús García Pérez por la tramitación de expedientes de indulto a presos, el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, recordó que todos los servidores públicos están sometidos a un régimen disciplinario. «En este caso se ha considerado por parte de los órganos competentes aplicar una sanción y, por lo tanto, no hay nada más que decir. Hay que respetar la decisión del Consejo General del Poder Judicial, nos guste o no nos guste», sentenció.

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