Suplusa irá al juzgado para evitar que la Diputación abra residencias

El consejo recurre la aprobación de contrataciones que inició el gobierno provincial


lugo / la voz

Suplusa ya inició el proceso para paralizar los contratos de prestaciones a mayores en las primeras residencias que la Diputación pretende abrir esta primavera. El consejo de administración de la entidad mercantil, que preside Manuel Martínez y que cuenta con cinco consejeros del PP, acordó interponer recursos de reposición contra los contratos de prestaciones de las residencias de Trabada, Pol, Ribadeo y A Fonsagrada.

En el acuerdo entre Martínez y los consejeros del PP se indica que en el supuesto de que la Diputación desestime los recursos, algo que previsiblemente va a suceder, interpondrán contra las desestimaciones «os pertinentes recursos contenciosos-administrativos, facultando á presidencia para designar o avogado que defensa a esta sociedade».

Desde el gobierno provincial consideran que la maniobra de Suplusa solo busca evitar que se puedan abrir las residencias antes de que se celebren las elecciones del 26 de mayo. Los contratos afectados son los servicios de limpieza, cocina y auxiliares de enfermería de las citadas residencias. Se trata de servicios que no pueden ofrecer directamente la Diputación y los concellos debido a la tasa de reposición.

En el acuerdo de Suplusa también se anuncia recurso de reposición, y posterior contencioso administrativo si se rechaza contra la aprobación inicial, del pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto técnico relativo a la contratación de las obras de construcción de la residencia de Guitiriz, contra el expediente de contratación y el procedimiento de adjudicación y aprobación de gasto.

En las próximas semanas, la Diputación va a iniciar el proceso de contratación de las obras de la residencia de Portomarín y se adjudicarán las obras del centro de A Pobra do Brollón. Desde el gobierno provincial se preguntan qué harán Martínez y el PP en ambos casos, porque si aplican la misma lógica que en el caso de Guitiriz, donde gobierna una alcaldesa del PSOE, debería hacer lo mismo con Portomarín, con alcalde del PP, y en A Pobra, con alcalde del BNG. Además, los socialistas se preguntan qué pensarán los vecinos y las agrupaciones del PP de Trabada, Ribadeo, Pol, A Fonsagrada y Guitiriz sobre la posible paralización de los contratos.

Paralización del personal

Por otra parte, y para liar aún más la posible apertura de las residencias, el diputado no adscrito presenta una moción al pleno de este martes para que se paralicen todos los procesos selectivos de personal iniciados hasta que se pongan en práctica una serie de medidas que propone, «e sempre ata despois das eleccións municipais». Martínez quiere que se apliquen cambios en la convocatoria de plazas, en la composición de tribunales, en los tipos de ejercicios, en la elaboración de temarios y establecer la oposición libre como modo habitual frente al concurso oposición. El diputado presenta esta moción a raíz de varias denuncias del PP que ponían en duda «a transparencia na selección de persoal».

Para el equipo de gobierno, además de suponer un ejemplo de connivencia entre PP y Martínez, la medida solo pretende paralizar los procesos de selección ya celebrados para las residencias. Las plazas de psicólogos y enfermeros están pendientes de resolver y están convocados los de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. El gobierno del PSOE recuerda que esta competencia la tiene el presidente y no se paralizarán los procesos.

La Justicia desestima la suspensión cautelar del presupuesto que pidió Martínez

Como ya anunció en el pleno de aprobación de los presupuestos, el diputado no adscrito, Manuel Martínez, presentó un recurso contencioso administrativo para pedir la suspensión cautelar del presupuesto de la Diputación del 2019, que salió adelante con los votos del PSOE y gracias a la abstención del PP. Martínez consideraba en su petición ante la Justicia que no se habían cumplido los plazos para la tramitación del presupuesto.

El auto del juzgado contenciosos número 2 de Lugo señala que la petición de suspensión del presupuesto debe de ir acompañada de actividad probatoria y que la medida, de ejecutarse, «crearía situaciones irreversibles que harían ineficaz para el recurrente la sentencia favorable que pudiera dictarse y con la consecuencia de su imposible cumplimiento». Martínez puede presentar recurso de apelación contra este auto.

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