La Diputación de Lugo reclama a la Xunta un plan de mantenimiento del patrimonio histórico tras los derribos de la Muralla y de Torés
LUGO
PSOE y BNG aprobaron una resolución para pedir más control, inversión y colaboración con los concellos, mientras que el PP se opuso porque considera que ya se están ejecutando planes y aplicando la ley
25 feb 2026 . Actualizado a las 00:49 h.El pleno ordinario de la Diputación de Lugo debatió una propuesta del gobierno provincial, de PSOE y BNG, para reclamar a la Xunta medidas para el control, la protección y la conservación de los bienes catalogados BIC en la provincia de Lugo. El texto salió adelante con los 13 votos del gobierno y del diputado no adscrito, José Tomé, y con los 12 votos negativos del PP. El debate llegó al pleno tras los recientes derrumbes en la Muralla de Lugo y en la torre de Torés en As Nogais. Para las diputadas Iria Castro, del BNG, y Pilar García Porto, del PSOE, son dos ejemplos de la falta de planificación, mientras que para el diputado del PP, Francisco Balado, la Xunta atendió con urgencia el problema que surgió en la Muralla y que invierte fondos en yacimientos y patrimonio de la provincia.
En el debate, la nacionalista y responsable del Área de Cultura, Iria Castro, señaló que en los recientes derrumbes no se podía achacar todo a la sucesión de temporales si no «a un problema estrutural, que é a falta de mantemento preventivo». Castro, en referencia a la caída de un lienzo en la torre de Torés, recordó que son los propietarios de los bienes «os que teñen a obriga legal de conservalos, mantelos e custodialos, e a Xunta de Galicia debe garantir o cumprimento da normativa vixente, fomentar medidas de protección eficaces e establecer mecanismos de colaboración coas administracións locais e cos titulares dos bens».
Y en el caso de la Muralla de Lugo, expuso que «existen informes que sinalan arredor de 15 puntos críticos, malia os investimentos realizados». Castro solicita que la Xunta refuerce «a cooperación interadministrativa mediante convenios específicos e unha planificación coordinada e que o patrimonio cultural debe situarse fóra do debate partidista e abordarse desde unha perspectiva de responsabilidade institucional compartida».
La socialista Pilar García Porto explicó que los recientes derrumbes no se pueden explicar solo «polas choivas, senón pola falta de mantemento continuado. Os fenómenos meteorolóxicos poden ser intensos, pero a ausencia de planificación preventiva é o verdadeiro factor de risco».
En el caso de la torre de Torés, recordó que se llevaba años advirtiendo del peligro estructural «sen que se producise unha intervención decidida, e o resultado é a deterioración dun BIC e a perda patrimonial para toda unha comarca. A competencia exclusiva en materia de patrimonio corresponde á Xunta de Galicia». La portavoz del PSdeG criticó que «o orzamento destinado a Cultura resulta insuficiente se se distribúe entre arredor de 800 BIC en Galicia, o que supón unha contía media anual moi limitada por ben».
Además, lamentó que no existe un inventario completo actualizado ni un plan público periódico de inspecciones, pero «si a transferencia de determinadas responsabilidades aos concellos, especialmente aos de menor tamaño e sen persoal técnico especializado, incrementa as dificultades de xestión».
La postura del PP la expuso el alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, quien consideró injusto «atribuír á Xunta unha falta de actuación», y explicó que la Lei de Patrimonio señala que «a conservación ordinaria dos bens catalogados corresponde aos seus titulares, mentres que a Xunta exerce funcións de supervisión».
Puso en valor que en el caso de la caída de un muro en la Muralla de Lugo la actuación de la Xunta fue rápida y urgente caso da Muralla, y lo contrapuso, dijo, con la actuación de la Diputación de Lugo con las carreteras provinciales, algunas de ellas con puentes cortados o con taludes caídos sobre las vías. Recordó que existe un convenio de mantenimiento con cuantía económica específica para la Muralla romano, y expuso una serie de inversiones de la Xunta en elementos patrimoniales de la provincia.
El caso de Caldaloba
Hubo palabras entre Balado e Iria Castro por la situación de la torre de Caldaloba, en Cospeito. La nacionalista afeó a la Xunta que «só empezou a actuar, tras máis de 20 anos de abandono, cando viron a que Deputación estaba mercando parte da propiedade», mientras que Balado afeó que el gobierno provincial interfiriese en el convenio entre la Xunta y el Concello, que para poder tener ayudas necesitaba la propiedad completa pero se encontró con que parte de la torre medieval era de la Diputación. La diputada del BNG afeó a la Xunta que el conselleiro de Educación no la haya recibido para tratar este asunto y que en vez de acudir a la vía administrativa, interpuso una denuncia por el Contencioso.