El Concello de Lugo modifica su ordenanza lingüística para acatar una sentencia del Supremo

María Guntín
María Guntín LUGO / LA VOZ

LUGO

ALBERTO LÓPEZ

El alto tribunal obliga al ayuntamiento a modificar rótulos y señales en gallego por una denuncia presentada por la entidad Hablamos Español

26 dic 2019 . Actualizado a las 21:56 h.

Una sentencia del Tribunal Supremo exigió en febrero de este año distintos cambios en la Ordenanza do Uso do Galego na Administración Municipal de Lugo: traducción de términos como ‘rogos e preguntas’, la palabra ‘lingüístico’ y varios párrafos en gallego, así como otras transcripciones de la ordenanza. El Concello presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, argumentando que la sentencia tenía falta de lógica y también de motivación. El órgano judicial respondió con un recurso de casación para desestimar la queja del Concello, que derivó en que el propio ayuntamiento pagase las costas del juicio (Hablamos Español dice que 4.000 euros). La denuncia inicial fue presentada por Galicia Bilingüe, entidad integrada en Hablamos Español, una asociación que se define como apartidista y sin ánimo de lucro —aunque en la esquina superior derecha de la web deja claro que acepta donaciones con PayPal— y que «defiende los derechos lingüísticos de los hispanohablantes» Desde la entidad denunciaron hace años al Concello al considerar que la ordenanza lingüística discrimina el uso del español en la ciudad. En una nota de prensa actual aseguran que la ordenanza modificada por orden del Tribunal Supremo será llevada al pleno municipal de este jueves, pero en el Concello explican que con casi total certeza no será así porque el texto todavía no ha sido aprobado en junta municipal. «Os servizos xurídicos do Concello adaptaron a ordenanza ao que di a sentencia, e hai acordo de todos os grupos políticos sobre o texto», explican desde el Concello.

«Estado de inseguridad»

El recurso de casación recoge que «si bien la literalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la ordenanza no niega al castellano el carácter de lengua oficial, es claro que lo que con sus previsiones se pretende, concretamente con la no mención expresa del castellano como lengua oficial, es crear al menos un estado de inseguridad en la ciudadanía sobre la posibilidad de usar el castellano en sus relaciones con el Ayuntamiento de Lugo».

La sentencia exige también al Concello que cambie la rotulación de oficinas y despachos, para que estos aparezcan en gallego y en castellano «para que cumpla la finalidad informativa». Argumenta que «la similitud de ambas lenguas puede hacer innecesaria en muchos casos la rotulación en los dos idiomas, pero en los demás casos en que la similitud no existe, la seguridad viaria exige la utilización de una y otra lengua». También dice que en la normativa del concello aparece el imperativo «expresaranse en galego» ante determinadas situaciones, algo que, según la sentencia, colisiona con el derecho de toda persona al uso del castellano, incluidos los cargos electos del ayuntamiento.