La propuesta se suma a la de Hierros Ferreiro y podría haber una tercera
23 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La consultora Vázquez Pousada, una de las empresas de la familia Martínez, propietaria del concesionario de Peugeot y de Maderas Pardo y Seoane, presentó oferta en el Juzgado Social número dos para la compra de la sede de la Cámara de Comercio, en la avenida de Ramón Ferreiro. Esta nueva propuesta económica es de 920.000 euros, es decir, 20.000 euros más que la formulada por Hierros Ferreiro, que trascendió la pasada semana, que pretende poner en marcha la sede de Comeza, una compañía del grupo en este inmueble.
Fuentes consultadas señalaron que podría haber otra oferta en el Juzgado Social para la compra de este edificio, que lleva varios años a la venta y para la que el único postor fue, hasta hace poco, la Diputación Provincial, que quería el inmueble para trasladar el servicio de recaudación. Este organismo reservó en sus presupuestos un millón de euros para la compra frustrada del edificio.
La instancia judicial tendrá que convocar a los trabajadores, que fueron los que instaron el embargo del edificio para poder cobrar parte de la deuda. Ellos deberán decidir si finalmente lo venden en función de las ofertas presentadas hasta el momento. Hay que recordar que la antigua plantilla paralizó en dos ocasiones la subasta del inmueble para buscar empresas interesadas en adquirirlo. Entre la veintena de ex empleados existen criterios divergentes a la hora de tomar decisiones, en función de la cantidad reconocida judicialmente a cada uno de ellos.
Varias tasaciones
El edificio de Ramón Ferreiro , de 2.400 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas y garaje, está vacío desde el año 2011, en que trasladaron la sede para el edificio del Forcam, hoy perteneciente a Abanca.
La primera vez que se puso a la venta el inmueble fue en el mes de mayo del año 2014. El precio en aquella ocasión era de 2 millones de euros, negociables. Fue antes de que los trabajadores solicitaran el embargo para afrontar el cobro de la deuda pendiente.
Una vez embargado el Juzgado Social dos encargó una peritación, que valoró las instalaciones en 1,5 millones de euros. Parte de la plantilla la recurrió al considerar que era inferior al real y encargó otra tasación que suponía 2,5 millones de euros.
Oficialmente y hasta este mismo mes, en que surgieron las últimas propuestas, la única interesada en hacerse con el edificio de Ramón Ferreiro, inaugurado en los años 90, fue la Diputación Provincial, que renunció a adquirir el inmueble después de darle varias vueltas.