La fiscalía alega que las dilaciones indebidas y la reparación del daño rebajan la petición de pena
01 jun 2014 . Actualizado a las 07:03 h.Una de las grandes operaciones judiciales realizadas en Lugo, la de la trama de las multas de tráfico, acabó totalmente descafeinada. Tanto, que a algunos imputados les resultará más barato el ir a juicio que haber pagado la sanción que en su día les fue impuesta. Un ejemplo: si el tribunal de la Audiencia declara probados los hechos, el exconcejal socialista de Tráfico y Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade Arias pagará con 100 euros, que es lo que le pide el fiscal, así como tres meses de prisión. Hay más casos similares ya que el fiscal pidió para otros imputados multas de 114, 140 y 150 ?.
Pero aún saldrían mejor parados tres acusados que pasaron de tener solicitadas multas a no tenerlas después de la celebración del juicio. Les reclamaba a dos más de mil euros y a un tercero 600. Si resultan condenados, no tendrán que pagar nada, si bien un abogado advirtió de la posibilidad de que hubiesen consignado en la cuenta judicial alguna cantidad antes de la vista.
La operación judicial, que supuso la caída del que entonces era subdelegado del Gobierno, Jesús Otero y a posteriori, la del que era jefe de Tráfico, Julio González, acabó más devaluada que la acción de una empresa con problemas en la bolsa. ¿Porqué el fiscal bajó de 7 años a menos de uno y medio la petición de prisión efectuada para Jesús Otero? ¿Cuál fue la razón por la que todos los cargos políticos tuvieron una rebaja sustancial en la petición y la funcionaria de tráfico involucrada no tanto? Esas cuestiones fueron trasladadas al fiscal del caso, Jesús Álvarez.
El teniente fiscal, que se ocupó del caso y que en las últimas semanas recibió a abogados de los acusados para estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo previo que evitase la celebración del juicio, que una de las razones fundamentales a la hora de aplicar hasta una «mitad inferior» en la condena pedida para los 23 acusados fue la aplicación de dilaciones indebidas. En este sentido apuntó que el procedimiento nació en el año 2008.
Esta dilación solo puede aplicarse si la paralización de la causa se produjo durante algún tiempo y no puede ser achacable a la administración de justicia, explicó un letrado.
El segundo beneficio que obtuvieron, solo algunos de los imputados, fue la reparación del daño. Los abogados del exsubdelegado del Gobierno; del exdelegado de Cultura, Juan José Molina; del exedil de Tráfico de Lugo y de otros dos imputados más optaron por la reparación del dueño.
«La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa». Esta es una atenuante recogida en el apartado sexto del artículo 21 del Código Penal. El apartado quinto del mismo punto considera también atenuante: «haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral».
Otra cuestión llamativa. ¿Porqué la funcionaria de Tráfico imputada afronta una de las peticiones de pena más altas, en concreto tres años? El teniente fiscal, que en conclusiones dijo que esta mujer había quedado atrapada en una tela de araña dijo que, en un principio la acusación efectuada era de prevaricación o alternativamente falsedad. Finalmente la imputación será por este último concepto. «En ese supuesto -indicó Álvarez- la pena que se podía solicitar era de hasta seis años, pero se le piden tres».
La funcionaria no obtuvo una rebaja similar a la aplicada a otros acusados, según el fiscal, porque no pudo aplicársele la atenuante de ofrecimiento de reparación del daño, tal y como sucedió en el caso de Jesús Otero, Juan José Molina y José Rábade».
Varios de los acusados incluso eludirán el pago tras la celebración de la vista