El concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Luis Álvarez, dijo ayer que espera que el Partido Popular le diga cuál es la vía por la que el Ayuntamiento puede contratar el informe sobre el cauce del Rato que le pide la Xunta. El Ayuntamiento tiene disponibilidad económica, pero no puede -señala Álvarez- dedicar sus recursos a una competencia que legalmente está atribuida a la Confederación Hidrográfica. Para demostrarlo, echó mano del texto refundido de la Ley de Aguas. En su artículo primero determina que «corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico». Y en el artículo 95 dice: «El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine».