El subdelegado considera que sus demandas precisan respuesta urgente
31 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La complicada situación de testigos protegidas de la operación Carioca, que después de colaborar con la investigación se encuentran totalmente desasistidas por parte de los organismos oficiales sin que ni tan siquiera puedan trabajar legalmente en España, sigue sin ser resuelta por parte de Interior. Ni los escritos del abogado de las perjudicadas, ni los oficios de la jueza a diversas instituciones para que sepan del problema han servido para que hubiera una respuesta a los recursos planteados contra la decisión oficial de conceder a las mujeres autorización para residir en España, pero no así para poder trabajar.
Las víctimas se encuentran con que podrían ser detenidas si alguien descubre que están trabajando de forma clandestina para poder vivir. La situación motivó que el subdelegado del Gobierno, José Vázquez Portomeñe, cursase un escrito al secretario de Estado de Seguridad para pedirle que actúe.
Portomeñe, tras recibir un oficio de la jueza, remitió a finales del pasado mes un escrito al alto mando del Ministerio de Interior en el que le adjuntaba un oficio de la jueza y también el escrito presentado por el letrado Gerardo Pardo de Vera Posada, reclamando que se resolviera la situación en la que se encontraban las mujeres a las que él representa como abogado de la Asociación Aliad. El letrado reclamaba urgentes medidas para garantizar el apoyo a las mujeres que colaboraron desinteresadamente con la jueza, a pesar de saber que se exponían a represalias de los proxenetas.
Contestación urgente
El subdelegado, en su escrito, sugiere al secretario de Estado de Seguridad que, dada la trascendencia de las diligencias previas abiertas por la jueza, «se de contestación a lo planteado en en escrito y en los recursos interpuestos por dicho letrado».
Portomeñe considera «urgente la contestación planteada, estimando que el espíritu de la norma hace referencia en los términos del protocolo marco de protección a las víctimas de trata de seres humanos, a la necesidad de adoptar las medidas precisas que garanticen la cobertura legal, social y asistencia, tal y como se pone de manifiesto en el oficio de la magistrada juez, entre cuyas medidas estaría, a nuestro criterio, la resolución del permiso de trabajo, como se prevé, con carácter general, en el actual reglamento».
No hay constancia de que Interior contestase a los recursos planteados en su momento, ni a la petición del abogado de las afectadas ni, mucho menos, a la carta enviada por el subdelegado del Gobierno. Las afectadas si trabajan -y han de hacerlo- para vivir, cometen delito.