Hace cuatro meses que pidieron que les concedan permiso para trabajar
22 dic 2011 . Actualizado a las 16:08 h.Las principales testigos protegidas de la operación Carioca, a las que les dejan residir en España, pero sin poder trabajar, también son víctimas de la burocracia. Llevan esperando cuatro meses a que Interior les conteste a los recursos que en su día interpuso el abogado lugués Gerardo Pardo de Vera Posada contra el acuerdo de permitirles estar en España, pero sin autorización para poder trabajar. El letrado envió un escrito al secretario de Estado de Seguridad, del citado ministerio, para informarle de lo que está sucediendo.
En el recurso, el letrado pedía que a las cuatro testigos protegidas les concedieran la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. También solicitaba que esa autorización se extendiese por cinco años, al amparo del nuevo reglamento de extranjería.
«A día de hoy, transcurridos cuatro meses desde su interposición, no se ha obtenido respuesta alguna al recurso», explica el letrado en la carta enviada al secretario de Estado de Seguridad. Apunta el abogado que «en la mayoría de los casos el retraso ha tenido una consecuencia directa: la pérdida de ofertas reales de empleo lícito, al no estar dispuesto el empleador a esperar a la autorización de trabajo correspondiente; en otros casos, después de intentar tramitar esa autorización, la dilación en su obtención ha tenido de forma indirecta la misma consecuencia: la pérdida del empleo ofrecido».
Recuerda Pardo de Vera que el pasado 14 de septiembre presentó en la Subdelegación del Gobierno sendos recursos de reposición contra las resoluciones aplicadas a dos mujeres y tampoco hubo respuesta alguna por ahora.
El abogado le aclara al alto cargo de Interior, al que dirige el escrito, que todas las mujeres son víctimas protegidas de un procedimiento en el que se persiguen delitos relacionados con el tráfico clandestino de personas con fines de explotación sexual, delitos de prostitución, relativos a la inmigración ilegal, explotación laboral, contra la Administración pública, «relacionados con la corrupción policial en sus diversas modalidades....»