En el sindicato CSIF avisan de que esta organización «non vai estar de acordo en que se dote aos policías locais con material de baixa calidade». Así lo indicaron ayer fuentes de la citada central sindical, que atribuyen los problemas con los nuevos uniformes al trabajo del personal de confianza del exedil de Protección da Comunidade, José Rábade, y del exdirector general del cuerpo, Darío Diéguez. Fueron -indicaron- los responsables policiales que gozaban de la confianza de Rábade y Diéguez los que fijaron las condiciones recogidas en el pliego que rigió el proceso de adjudicación. Esos responsables siguen en sus puestos -dijeron- pese a las sentencias en contra.
Hay que recordar que el Ayuntamiento inició el proceso de rescisión del contrato con la empresa a la que encargó los nuevos uniformes y complementos. Representantes de la empresas y del Concello se reunieron días pasados, y parecía haber disposición para llegar a un acuerdo.
Fuentes del sindicato CSIF en la Policía Local recordaron ayer que el reglamento del cuerpo establece que cada dos años debe ser renovada la uniformidad; no se dio tal circunstancia en unos seis años, siempre según la citada versión sindical. De hecho, creen que la de Lugo debe de ser la única, al menos una de las pocas de Galicia, cuyos uniformes no se ajustan a lo establecido en el correspondiente reglamento de la Xunta.
Según el citado sindicato, la empresa que se hizo con el contrato del Ayuntamiento fue la que presentó el presupuesto más bajo. Exigen que la calidad de las prendas que se suministren a los agentes reúnan la calidad y características necesarias para que puedan realizar su trabajo en la calle en las condiciones adecuadas para prestar el mejor servicio a los lucenses.
Las aludidas fuentes sindicales quisieron dejar claro que no responsabilizan a la empresa. Destacaron que en su día no fue solicitada la opinión de los sindicatos para decidir el tipo de prendas a adquirir.
También destacaron en CSIF que en el pliego de condiciones se establece que la empresa suministradora habrá de aportar carnés profesionales con chip, que no están previstos en el reglamento de la Xunta.
En CSIF temen que en el desacuerdo con la empresa, el Concello, y por tanto los lucenses, tenga que acabar abonando indemnizaciones.