El alcalde de Palas, Pablo Taboada, dijo que el Concello aún no decidió el procedimiento a seguir a partir de ahora en relación con el procedimiento legal que afecta al albergue La Cabaña, porque aún recibió anteayer la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirma volver las actuaciones judiciales a como estaban en el 2008. Señaló que en las próximas fechas se reunirá con los asesores del organismo municipal para estudiar el contenido y las actuaciones futuras, pero esperará a que la sentencia sea firme.
El citado tribunal ratificó una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Lugo rechazando un recurso del Concello y de la Xunta por no haber contestado en plazo a otro de la empresa propietaria contra la revocación municipal de la licencia de obra concedida en el 2004 para La Cabaña. En este sentido, Pablo Taboada matizó ayer que, según admitieron los tribunales, el retraso del Concello en la contestación al recurso de la empresa propietaria estuvo motivado por el Consello Consultivo de Galicia, al que le fue solicitado un informe y se demoró hasta impedir poder cumplir el plazo legal.
El mandatario detalló más y dijo que tuvo que ser repetido dado que en el primer informe enviado a Palas el organismo municipal detectó que la fundamentación jurídica del texto no se correspondía con la resolución y se contradecían. Considera que la prueba de que el Concello actuó de buena fe es que puso en conocimiento del Consello Consultivo la existencia del problema, pese a que pudo haberse limitado a remitirlo según lo había recibido.
Los problemas legales del edificio de La Cabaña se deben a que fue construido con licencia municipal pero en la zona de influencia del Camino de Santiago. La denuncia fue tramitada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago, de la que son miembros varios profesionales del sector en Palas. En el 2008 el Concello palense decidió revocar la licencia otorgada cuatro años antes, decisión que ahora queda invalidada definitivamente por un formalismo. Ante esto, probablemente el proceso se demorará otros tres años más, si el ente municipal repite la revocación del permiso y la empresa recurre la decisión.