Escuché en una cafetería como un señor de avanzada edad le explicaba a otro que un país tremendamente subvencionado nunca podría avanzar. El hombre argumentaba que sólo el trabajo y el esfuerzo de cada uno era lo único que puede sacar adelante a una nación.
Más allá de la denigrada y sesgada libertad de expresión, de lo discutible de las afirmaciones gratuitas que hacemos o de la escasa información en las que las apoyamos, está el hecho de que a los ciudadanos nos preocupa la turbulenta situación que atravesamos. A nuestra manera intentamos aportar un punto de vista.
Nadie duda de que la actividad llevada a cabo por la Administración persigue, al menos en espíritu, fines legítimos y dignos. Así, por ejemplo, es mucho el capital que se dedica al impulso del empleo y a la inversión en planes de formación. A priori, la mejor manera de articular tales ayudas es hacerlo a través de aquellos que saben dónde, cuándo y cómo aplicar el dinero. Tal es el caso de la CEL. Hasta ahí todo claro. Lo lamentable es que detrás de la gestión de los caudales haya siempre al acecho alguien con intereses subrepticios que quiere sacar tajada.
De esto saben mucho tanto los parados que acceden a cursos de formación a sabiendas de que no les sirven para nada, o los empresarios que se benefician de las míseras ayudas que quedan tras el negocio de los intermediarios.
Otra vez nos vemos obligados a buscarle un nombre a una operación abierta por la fiscalía o el juzgado. Aparentemente ningún sector se queda a salvo de las miserias de unos cuantos. No ganamos para sobresaltos. Parece que quedan ya muy pocos de quienes podamos fiarnos.