Una Administración garantista como es la española ofrece notables ventajas para los administrados, pero tiene también contrapartidas. El Ayuntamiento no se animó hasta ahora a intervenir subsidiariamente en edificios en ruinas cuyos propietarios optan por pagar multas y multas en vez de efectuar las obligadas obras de consolidación. Uno de ellos es el número 23 de la calle Castelao. Ayer, el portavoz municipal, Jaime Castiñeira, avisó del riesgo que entraña el estado en que se encuentra. Por su parte, en el gobierno local parece que algo se mueve y apunta a una intervención directa en algunos casos. De hecho, ya han empezado a hacer estudios de costes.
El concejal Jaime Castiñeira (PP) dijo ayer que las vallas llevan delante del edificio número 23 de Castelao unos tres años. Es un inmueble catalogado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal en tramitación, pero no en el PGOU en vigor. Señaló que las medidas de seguridad adoptadas por el Concello no son suficientes y que los vecinos del entorno están molestos por esta situación. Indicó que el paso establecido, mediante vallas, para los peatones no es seguro ni con respecto al tráfico rodado ni al propio edificio. Destacó que hay elementos del inmueble que parecen a punto de caer.
El mismo edil popular aprovechó la ocasión para indicar que, en la calle Castelao, unos pocos solares antes del número 23, fueron derribados unos edificios que tenían fachadas dignas de ser conservadas. Hubo negociaciones con el Ayuntamiento, pero no prosperaron.
En el gobierno local, la delegada de Urbanismo, María Novo, señaló que, ante la persistencia de algunos propietarios de inmuebles en ruinas en no atender sus obligaciones, el Concello ha empezado a hacer estudios de costes para intervenir en algún caso. Novo reconoce así que el gobierno local empieza a replantearse algunos aspectos de la línea que ha seguido hasta ahora en estos asuntos.
La citada integrante del gobierno local señaló que la ley, frente a los edificios en mal estado, establece la imposición de sanciones o la intervención subsidiaria de la Administración. Pero esta segunda opción exige una larga tramitación y hacer frente a los gastos; después deberán reclamarse su aportación a los propietarios, tarea en la que no siempre resulta fácil conseguir tal objetivo. Pero a la vista de las circunstancias, en el Ayuntamiento se empiezan a replantear el asunto.