La Administración gallega no tendrá que pagar una sanción de hasta 600.000 euros por difundir datos personales de un funcionario lucense por ser un organismo público
31 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.«Moi sorprendido porque non esperaba que lle puxesen unha multa tan forte». Así se quedó un funcionario lucense al conocer la respuesta a una denuncia que había presentado contra la Xunta de Galicia en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el año 2006. No en vano, de uno de los apartados del documento recibido -«Acuerdo de inicio de procedimiento de declaración de infracción de Administraciones públicas»- se desprendía que la Administración autonómica podría tener que pagar una multa de entre 300.506,06 y 601.012,10 euros por haber incurrido en una infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
¿El motivo? La web de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza había publicado en su web, sin filtros, la relación de los más de 600 beneficiarios de las ayudas del Fondo de Acción Social Autonómico. Un listado que enseguida se había expandido sin control por Internet, apareciendo colgado, entre otros puntos, en varios portales sindicales.
Satisfecho por que la consellería de Presidencia «ha reaccionado y en los fondos [...] publicados recientemente no hay ya posibilidad de conocer datos personales», y consciente de que en la actual situación de crisis económica «una sanción como la propuesta haría desviar recursos que pueden ser empleados en políticas sociales y apoyo a los más necesitados», el denunciante decidió enviar una carta a la AEPD solicitando «que se deje sin efecto la sanción que pudiera producirse finalmente».
Sin embargo, la Xunta de Galicia no tendrá que abonar ninguna sanción económica ya que es un organismo público. La confusión la aclararon en el gabinete de prensa de la Agencia de Protección de Datos: «Si el infractor es una Administración pública, la sanción no es económica, sino que se le insta a que tome medidas para evitar esa situación y que se repita».
Los listados, siguen en la red
El funcionario de la Xunta de Galicia en Lugo que hace más de dos años comprobó con indignación cómo los datos de la prestación económica por una discapacidad que recibía su mujer por medio del Fondo de Acción Social autonómico circulaban sin control por Internet quiere dejar claro que la demanda que presentó en la Agencia Española de Protección de Datos defendía también a las más de «seiscentas persoas que saíron cos seus nomes, apelidos, DNI, datos do libro de familia... nesas listas».
Una vez que estas listas de ese fondo social aparecieron colgadas en la web de la Consellería de Presidencia, su control se hizo totalmente imposible, y los listados completos -contienen importantes datos identificativos de los beneficiarios- todavía son de libre acceso en diferentes portales de la Red. «O mal xa está feito», agregó. Por este motivo, el objetivo que perseguía al presentar la denuncia era que la Administración autonómica extremase el control sobre sus ficheros y no permitiese el libre acceso. Algo que, en principio, ya se ha conseguido.
Por ejemplo, ahora no es posible consultar la relación de admitidos en las ayudas del Fondo de Acción Social, sino que para conocer el estado de una demanda es imprescindible conocer el DNI y el año de solicitud.
Cuando el caso saltó a la luz, a finales de noviembre, fuentes de la Consellería de Presidencia habían confirmado que el departamento autonómico sí tenía intención de presentar alegaciones.
«Cremos que non se infrinxiu ningunha lei», sostuvieron entonces. Ahora parece que no serán necesarias.