Endika Zulueta fue el abogado que defendió al Egipcio en el juicio del 11-M y logró su absolución pese a que el fiscal lo consideraba uno de los autores intelectuales de los atentados. Ayer volvió a demostrar su habilidad pese a que parecía que su defendido, Uxío Caamaño, se lo había puesto difícil al reconocer el día anterior que fue él quien colocó el explosivo en el cajero de Caixa Galicia.
Zulueta argumentó que Caamaño cometió un delito de daños, al que correspondería una pena de seis meses al aplicársele la atenuante muy cualificada de confesión, ya que tras ser interceptado por la policía informó del lugar exacto donde estaba colocado el artefacto y la hora en que iba a detonar, para evitar daños.
El abogado hizo un brillante despliegue jurídico para tratar de demostrar que el delito no fue de estragos, sino de daños, que conlleva una pena muy inferior, y que no es de aplicación el tipo de terrorismo para aquellos que no pertenecen a banda armada y atentan para subvertir el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o atemorizar a la población. A este respecto aseguró que no está probado que la finalidad de Caamaño al poner la bomba fuera reivindicar la independencia de Galicia. Asimismo, descalificó las «autocríticas», que impugnó como pruebas, porque no se presentaron en el juicio los documentos originales, no consta quiénes los escribieron ni si fueron manipulados.
Zulueta descartó el delito de estragos porque requiere que se cometa en un local público -y un cajero no lo es-, que cause destrucción y comporte necesariamente riesgo para las personas, requisitos estos dos últimos que no se han probado. Para sustentar su teoría, señaló que, en los casos de violencia callejera en el País Vasco, la propia Audiencia Nacional considera los ataques contra sucursales bancarias como un delito de daños y no de estragos.
El letrado Guillermo Pérez Presa pidió la absolución de su defendida, Xiana Rodríguez.