Faltan 72 horas para que se levante la suspensión de licencias en la capital y parece que, de manera proporcional al paso del tiempo, se intensifican los ataques dialécticos entre los concejales de la corporación lucense. En el reparto hay para todos, incluso para quien ya no dedica su tiempo a los asuntos municipales, sino a los provinciales.
Valgan de ejemplo las declaraciones del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Xosé Anxo Lage, cuando dispara que «o señor Liñares sabe ben que o culpable do embolado do Plan Xeral habita en San Marcos», en alusión al presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, anterior concejal de Urbanismo. A esta declaración le siguen otras del tipo: «Liñares fai o ridículo diante dos cidadáns de Lugo tentando culpar ao BNG. Despois de ter catro anos de maioría absoluta e non ser quen de sacalo adiante, non é crible que o goberno do PSOE diga agora que a culpa de non estar aprobado é do BNG».
El Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente en la capital data de 1991 y en el año 1995 comenzó a hablarse de la necesidad de revisarlo, situación en la que está el documento urbanístico en la actualidad. En este proceso de revisión (en el que, con sus más y con sus menos, han participado todos los grupos municipales desde que el PSOE perdió la mayoría absoluta en el Concello el pasado mayo) se acordó suspender la tramitación de licencias en enero de 2006. Desde entonces hasta ahora, el plan ha ocupado centenares de horas de ruedas de prensa y debates más o menos acalorados, pero no se ha podido aprobar.
Esto, para los nacionalistas tiene una consecuencia: «situación delicada nos vindeiros meses no relativo ao Urbanismo na cidade de Lugo»; y un culpable, a quien tiene que buscar el actual concejal de Urbanismo. Así, Lage pidió ayer que «Liñares teña a valentía suficiente para responsabilizar da difícil situación actual a Besteiro, aínda que sexa do seu mesmo partido».
Traspasado el límite de las 72 horas, los populares también han intensificado sus críticas. La más repetida, «el retraso» que se acumula semana a semana sin que «se convoque a la comisión de planeamiento». Algo que, para los populares también tiene unas consecuencias y unos responsables.
El líder provincial del PP, José Manuel Barreiro, declaró ayer que «el retraso del plan xeral es un inconveniente más que agrava la situación del sector de la construcción y que tendrá incidencia en el empleo». El concejal Jaime Castiñeira apuntilló que esta situación acarreará «escasez de suelo, que incidirá, de manera directa en la subida del precio de la vivienda». ¿Responsabilidades? «La parálisis del gobierno municipal».
Castiñeira añadió, de manera más visual, que el hecho de que en 72 horas entre en vigor el plan de urbanismo de 1991 puede provocar situaciones «preocupantes» en calles como Castelao, donde el nuevo documento protegería a varios edificios de un derribo que con el plan antiguo es posible. «Podemos tener problemas».
Y así, mientras el 11 de febrero se aproxima, los populares continúan con sus reuniones con vecinos y colectivos afectados por los cambios del plan, acusan al PSOE de posponer la aprobación a las elecciones generales; los nacionalistas coinciden con sus compañeros en la oposición en que el urbanismo no puede estar a merced de las elecciones por miedo al «custo político»; y los socialistas dicen poco o nada.