A Mariña y A Terra Chá esperan que la Xunta y la Diputación las doten de parques de bomberos

LUGO

De «dramática, porque a protección dos cidadáns é moi deficiente», ha calificado el portavoz del PSOE en la Diputación de Lugo la situación provincial en materia de protección civil y emergencias. Garantizar la seguridad ciudadana ante incendios, accidentes u otros siniestros sigue siendo una asignatura pendiente por conflictos políticos y discrepancias sobre quien paga los parques de bomberos. De la financiación hablan hoy en Lugo Méndez Romeu y Gómez Besteiro, los titulares de la Consellería da Presidencia y de la Diputación, las dos administraciones obligadas a dotar de ese servicio público a los municipios de menos de 20.000 habitantes. A Mariña y A Terra Chá esperan una solución a un problema enquistado desde hace años.

Solo los residentes en la capital y en los municipios más próximos, así como en Monforte, cuentan con una cobertura profesional de bomberos a menos de veinte minutos. El resto de la provincia sigue dependiendo de los voluntarios de Protección Civil y de los grupos de intervención rápida, donde los hay. Aunque los medios han mejorado notablemente en los últimos meses en algunas localidades, incendios como el registrado el pasado 21 de noviembre en la subestación eléctrica de Boimente (Viveiro) evidenciaron que no son suficientes porque sin el equipo de la empresa privada Alcoa la extinción se habría complicado en extremo.

Años de retraso

Esa emergencia se registró en una comarca que lleva cuatro años viendo como se deteriora el edificio construido en Barreiros para el primer parque de bomberos de la zona. Pese a los compromisos políticos, A Mariña continúa sin ese servicio profesional porque la Diputación, la Xunta y los diez Concellos que cubriría ese parque han sido incapaces de ponerse de acuerdo para pagar su equipamiento y su funcionamiento. También Viveiro sigue aguardando que se hagan realidad los anuncios del conselleiro de Presidencia, quien en diciembre del 2005 aseguró que el parque de bomberos para la zona occidental mariñana empezaría en junio del 2006 y en septiembre de ese año prometió que estaría en obras en noviembre.

Las demoras también afectan a la comarca de A Terra Chá. Al igual que A Mariña, confió en los acuerdos alcanzados entre la Xunta y la Diputación en febrero del 2005 para crear el parque de bomberos de Vilalba. La rotunda negativa del popular que presidió la Diputación durante los últimos veinte años a cofinanciarlo dilató su puesta en marcha, hasta el punto de que el conselleiro de Presidencia declaró a principios del mes pasado en Vilalba que las obras se demorarían hasta el próximo año.

El reparto de los costes

Un punto de inflexión en los conflictos político-económicos que siguen privando a la mayor parte de la provincia de bomberos lo marcó la reunión que el pasado 6 de noviembre mantuvieron en Lugo el titular de la Diputación y los alcaldes de los diez municipios que atenderá el parque de Barreiros. A propuesta de los regidores, el organismo provincial se comprometió a estudiar la posibilidad de eximir a los municipios de sufragar conjuntamente el 20% de los costes de equipamiento y de funcionamiento de ese parque comarcal y, por extensión, de todos los de la provincia. Inicialmente, el 30% restante correspondería a la Diputación y el 50% que queda, a la Xunta. Los mandatarios locales mariñanos reclaman un trato similar al de la provincia coruñesa, donde los municipios no pagan porque Diputación y Xunta se lo reparten.

Precisamente el obstáculo económico será el principal asunto que tratarán de dirimir hoy en Lugo Méndez Romeu y Gómez Besteiro. La decisión que adopten se aplicará al consorcio provincial de bomberos, del que dependerán los parques comarcales. La Lei de Emerxencias de Galicia obliga al organismo provincial a crearlo antes de tres años, contados desde el pasado mayo. El presidente de la Diputación anunció que en los presupuestos del próximo año consignará fondos para los bomberos, aunque a principios del mes pasado eludió comprometerse a asumir la parte económica que en principio se quería imputar a los concellos implicados.