«La situación es desbordante, estábamos preocupados por lo de Barreiros, y lo de Foz hace temblar», señalaba Jesús Irigoyen, portavoz en A Mariña de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC). Es continúa la referencia a la inseguridad jurídica que asegura Irigoyen afecta a la actividad empresarial que desarrollan los promotores, «porque uno no sabe si tiene una licencia en la mano o papel mojado, con cientos de miles de euros detrás que se pueden perder». En el caso de Barreiros estarían dispuestos a participar «desde hoy mismo si es necesario» en una comisión en la que estén representados el sector, el Concello y la Xunta «para estudiar caso por caso y buscar lo que se pueda resolver, siempre dentro de la legalidad, tanto para las licencias impugnadas como para las atrapadas». Pérdidas millonarias Los constructores reclaman también a Urbanismo sistemas de ratificación de las licencias efectivos, «algo blindado que asegure que si un ayuntamiento otorga una licencia con la documentación en regla, no se la puedan quitar». Irigoyen aludió a posibles pérdidas millonarias, con el agravante de que si se anulan las licencias el concello «jamás podría pagárselas» a los promotores. Unas pérdidas a las que también hacía referencia ayer el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, a la espera de que la Xunta publique la nueva normativa urbanística provisional. En cualquier caso, nada será como antes. Fuente acusa a la consellería de «querer xudicializar as relacións co concello».