El juez considera que debió de ser informada la sección sindical La Agencia Española de Protección de Datos tiene abierto un expediente
20 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?l titular del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo estima en una sentencia que el despido del único empleado que el Banco Gallego tenía en Baralla fue improcedente. La decisión empresarial se produjo en el mes de noviembre del año pasado como consecuencia de detectarse que el trabajador tiró a un contenedor de la basura documentación perteneciente a la entidad. El juez no entra en las disquisiciones planteadas por las partes en el transcurso del juicio, es decir si la documentación era o no relevante. Simplemente basó en su decisión en el hecho de que no fue informada la sección sindical del despido ni tampoco le fue dado trámite para que formulase alegaciones. El trabajador despedido era miembro de la CIG y se había presentado como candidato sindical. Fue precisamente el sindicato el que le prestó el apoyo en todo el proceso. En la carta que la dirección del banco le envió al trabajador le explican que la decisión de prescindir de sus servicios se produjo como consecuencia del hallazgo, en un contenedor de la calle Roi Xordo, de Lugo, de numerosa documentación «de tipología variada». Se trataba de fotocopias de carnés de identidad, nóminas, recibos, cartas de pagos y otros listados. Según el banco, los papeles contenían datos personales y pertenecientes a la sucursal de Baralla. La documentación fue encontrada por un trabajador de Urbaser que creyó que había sido robada y que denunció el hecho. Ante esta situación, intervino la Guardia Civil quien, a su vez, puso el hecho en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta institución mantiene abierto actualmente un expediente que podría desembocar en una cuantiosa sanción a la entidad bancaria, según se expuso a lo largo del juicio. El trabajador reconoció que había tirado los documentos. Los metió en el maletero de su coche en Baralla y los trajo a Lugo pero no se dio cuenta de deshacerse de ellos hasta un día por la mañana que salía de visitar la casa de un familiar. Los servicios jurídicos del banco entendieron que esta situación fue totalmente anómala e irregular porque el empleado nunca debió deshacerse de la documentación sin consultar. El afectado explicó que los papeles no tenían valor.