Crónica | Los protagonistas del encierro, catorce jubilados Quince vecinos se sentaron ayer en el banquillo, acusados de allanamiento de local. Son culpables de encerrarse en Hacienda para pedir mejoras sanitarias en su localidad
04 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?atorce de los quince vecinos que ayer acudieron al Juzgado de Viveiro son jubilados. Nadie diría que ese grupo de personas venerables, algunos con la cabeza cuajada de canas, con hijos y nietos y con toda una vida de trabajo y esfuerzo a sus espaldas, pudiera ser autores de la falta contra el orden público que les imputan. Pese a la inquietud que produce a cualquiera sentarse ante un tribunal, algo que algunos reconocían ayer abiertamente, todos coincidieron en la apreciación de que tienen la conciencia tranquila porque su única intención era pedir una mejora para su pueblo. Ramón Pena, uno de los miembros de la Comisión Focega en Defensa da Sanidade Pública, fue el primero en declarar. Explicó al tribunal cómo el 8 de octubre ocuparon temporalmente los locales de la Agencia Tributaria de Foz, donde permanecieron entre la dos menos cuarto y las cuatro y cinco o cuatro y diez de la tarde, momento en el que el capitán de la Guardia Civil de Burela comunicaba la orden de desalojo que la Subdelegación del Gobierno había remitido a la propia agencia tributaria. Explicó que el encierro se hacía como medida de protesta, para pedir los servicios médicos que llevaban solicitando desde hacía años; que el tiempo que permanecieron allí estuvieron sentados, sin causar alboroto ni molestias; que nadie les ordenó desalojar hasta pasadas las cuatro de la tarde aunque si les indicaron que a partir de las dos estaba cerrado; también explicó que los encerrados habían sido identificados por el guardia jurado (excepto él) y por la Guardia Civil; que acudieron guardias civiles desde poco antes de las dos de la tarde; que ese día no estaba encerrado el edil Ramón Ermida, ya que sólo había acudido al encierro del 19 de septiembre, etc. Su versión fue corroborada por el resto de los vecinos presentes, que aportaron algunos matices más a medida que fueron llamados a declarar. Una de las cuestiones que se trataron de dilucidar durante el interrogatorio se refería al buen o mal comportamiento de los encerrados y si al llegar la orden formal de desalojo la obedecieron. Uno de los encausados: Abilio Calvo, contestaba con espontaneidad a la pregunta, afirmando que precisamente, una de las cuestiones que se habían acordado era la de dejar patente el civismo de los participantes: «Xa dixemos: vamos a demostrar que fomos ós frades». Además de los vecinos declararon la administradora de la agencia tributaria focense, el capitán de la Guardia Civil de Burela y el vigilante de seguridad de Hacienda. La administradora explicó que en ningún momento tuvo contacto directo con los vecinos, aunque se enteró de su presencia y de su intención de permanecer allí encerrados hacia la 1.55 horas, a través de un funcionario. Entonces hizo varias llamadas para comunicar a sus superiores la situación y pedir instrucciones. Según explicó, se le indicó que fueran desalojados cuando llegara la hora de cierre. La propia administradora se puso en contacto con la Subdelegación para que tomara medidas para hacer efectivo el desalojo. La orden llegó cerca de las cuatro de la tarde y poco después, hacia las 4.05 estaban todos fuera. El turno de declaraciones se cerró con el testimonio del capitán de Burela y del guardia jurado, en donde se evidenciaron algunas discrepancias con respecto a la versión de los vecinos, tanto en lo que respecta a la hora de llegada del mando como en lo referido al hecho haber sido o no advertidos para salir.