El abogado del perjudicado pide seis años de prisión y el fiscal público no formula acusación El denunciante llegó a pagar más de 45.000 euros por varias reformas en un piso antiguo
22 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?eis años y seis meses de cárcel es la pena solicitada ayer en la Audiencia Provincial de Lugo para un contratista de obras, Francisco Bellón Rico, como presunto autor de los delitos de estafa y coacciones. La acusación fue formulada por el abogado de una mujer que le pagó más de 45.000 euros por realizar unas reformas en un piso de su propiedad pero que nunca llegaron a ser acabadas por parte de la empresa del acusado. El fiscal no formula acusación contra el imputado. En el banquillo también se sentó un empleado de Bellón pero finalmente fueron retirados los cargos contra él. Los hechos se remontan a principios de enero del año 2000 cuando la víctima contactó con el acusado a través de un anuncio. Le planteó reformar un piso de la avenida de A Coruña y, tras un primer pago de 12.000 euros, el contratista persuadió a la propietaria, según su abogado, para aumentar los trabajos. Concretamente elevar una buhardilla y construir en su lugar una vivienda. El presupuesto ascendía a más de 60.000 euros. La dueña del piso, según su letrado, comenzó a efectuar los pagos. En tres ocasiones diferentes llegó a abonar algo más de 45.000 euros. La afectada culpa al contratista de no haber realizado las obras que se especificaban en un recibo de pago y, además de pedirle más entregas, la amenazó con paralizarle la obra si no pagaba. De acuerdo con la acusación particular, el contratista llegó a cambiar las cerraduras para que la propietaria del piso no pudiese entrar. El letrado expresó que el adjudicatario de las obras intentó conseguir un lucro propio sin haber realizado los trabajos y aprovechándose de la débil situación en el terreno personal y económico de la dueña del piso. Intervino la Policía Local Según la acusación, el contratista fue el encargado de solicitar el permiso municipal para la realización de los trabajos, sin embargo un mes después de iniciados los mismos, el Ayuntamiento mandó paralizar los trabajos por carecer de autorización. Recalcó el letrado que a su cliente le exigieron más dinero, «con coacción de paralizar las obras». Se da la circunstancia de que la titular de la vivienda solicitó un crédito para pagar los trabajos y la entidad bancaria entabló una demanda ejecutiva contra la peticionaria. El acusado negó los hechos imputados y dijo que se ajustó al primer contrato suscrito por unos 18.000 euros, sin embargo la propietaria le fue encomendado a posteriori más obras. En este sentido destacó que él había hecho más obras de las que aparecían en el primero de los documentos establecidos entre ambas partes. «Ella era quien iba cambiando», dijo. Negó que hubiese sustituido las cerraduras del piso.