El escrito incluye también al secretario y a un contratado laboral Aprecia indicios de un delito contra las garantías constitucionales y otro de falsedad
16 nov 2002 . Actualizado a las 06:00 h.A La fiscalía presentó una querella contra el alcalde de Taboada, José Jesús Ramos Ledo; contra el secretario, Miguel Ángel Rigueira Estévez y contra el contratado laboral José Manuel Fernández López al apreciar indicios de la posible existencia de un delito cometido por funcionario público contra las garantías constitucionales del artículo 542 del Código Penal y de un delito continuado de falsedad documental. La querella se sustenta en la reiterada negativa a facilitarle información al concejal socialista José Manuel Dono Pacín, que no forma parte del equipo de gobierno y a convocar los plenos que solicitaba y en los manejos para evitarlo. El fiscal relata en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción de Chantada las fechas en las que solicitó información. También recoge la existencia de otro escrito en el que el edil socialista requería informaión sobre una operación de compra de terrenos acordada por el Ayuntamiento de Taboada. En concreto solicitaba el estado de los saldos bancarios del Concello, con la intención de conocer el destino de un préstamo de 25 millones de pesetas que se había solicitado para hacer frente a la operación inmobiliaria. Según señala el fiscal en la querella, el alcalde, como una manifestación más de la actuación obstruccionista de la labor de la oposición, ordenó al secretario, Miguel Ángel Rigueira Estévez, que ocultase a José Manuel Dono Pacín la existencia de una cuenta corriente en Caixa Galicia a la que fueron transferidos parte de los fondos del préstamo. Para ello, y según el fiscal, se pusieron de acuerdo entre el contratado laboral Fernández López, que tenía entre sus funcionaes la de llevar un control de las cuentas del Ayuntamiento y el secretario para emitir una certificación informática mutilada, que según la querella emitió el primero de ellos y firmó el segundo en su calidad de secretario. Con la misma finalidad y mecánica, según señala la querella, y ante otro escrito de petición formulada por Dono, presentado antes del 13 de septiembre del 2001, en el que reclamaba el estado de los saldos bancarios, Rigueira Estévez emitió otro certificado con la misma omisión. El fiscal solicita en el escrito presentado en el Juzgado de Chantada que se le tome declaración al alcalde, al secretario y al contratado laboral, y que admita a trámite la querella presentada. En los fundamentos de la querella, se alude al afán de Ramos Ledo «de entorpecer e impedir el ejercicio de la función de oposición del grupo municipal socialista, normalmente mediante el método de no contestar en modo alguno a las peticiones o la entrega de la información requerida con el retraso suficiene como para privar de toda virtualiad a la misma». También alude a que considera que infringuió el artículo 97.7 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales al no admitir a los concejales de la oposición formular preguntas orales en las sesiones plenarias.