Las pesquisas se centrarán en los alquileres de locales y en las subvenciones a la confederación lucense La decisión de investigar los entresijos de la Confederación de Empresarios de Lugo, adoptada por el Ministerio Público en Lugo, tiene el respaldo de la junta de fiscales que, a principios de esta semana, se reunió para tratar el asunto, según informaron ayer diversas fuentes.
30 oct 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La apertura de diligencias informativas se produce como consecuencia de la trascendencia social, reflejada en los diversos medios de comunicación, que están teniendo los enfrentamientos entre las dos facciones existentes en el empresariado lucense. Aunque no existe ninguna información oficial por parte de la fiscalía, que optó por mantener estricto silencio, todo apunta a que lo que el Ministerio Público pretende averiguar son los entresijos relacionados con los locales del Cise, en concreto su propiedad, los alquileres y las subvenciones recibidas por parte de la Xunta para éstos y también para la celebración de cursos en los mismos. No es descartable, asimismo, que la investigación se amplíe en el futuro a otras dependencias como es el caso de las que ocupan la Federación de Comercio y la asociación de fontaneros, en la calle San Froilán. Es casi seguro que en las próximas semanas, a medida que avance la investigación de la fiscalía, tengan que prestar declaración algunos de los empresarios que podrían tener que ver con los locales, los alquileres y la presunta tramitación de solicitud de subvenciones. En definitiva, la fiscalía trata de determinar si existen indicios de delito en las actuaciones. De ser así, el asunto adquiriría una nueva dimensión judicial, puesto que serían imputados los autores. En su momento, expertos jurídicos consultados por La Voz, amparándose en las informaciones publicadas y advirtiendo que sólo en el caso de ser éstas ciertas, podrían apreciarse indicios de tres delitos, uno de ellos de carácter societario y los otros dos de falsedad en documento público y de fraude de subvenciones. Los locales del Cise son la clave de la investigación. Éstos fueron alquilados el 11 de febrero de 1998 a la empresa Promociones Urbanas 16, S.L., que no se constituyó hasta el 8 de mayo de ese mismo año. Esta sociedad, de la que son administradores dos empresarios que participan en otras sociedades con el ex presidente Guillermo Sánchez Vilariño, no adquirió los dos semisótanos, el bajo y el entresuelo hasta el mes de agosto del mismo año. De la finca eran titulares en esa fecha los dos empresarios que figuran como administradores de Promociones Urbanas 16, S.L., además de Guillermo Sánchez Vilariño, entre otras personas. Promociones Urbanas compró los locales en 150 millones de pesetas y suscribió una hipoteca con el Banco Pastor. En cuanto a los locales de la Federación Gallega de Comercio, están a nombre de Antón Calzadilla, recientemente fallecido. En ellos tuvo su negocio hace años el secretario general de la CEL, José María López Bourio.