El matadero Frimisa está ahora en manos de una comisión liquidadora, que se constituyó meses después de que fuera admitida a trámite la suspensión de pagos. En la comisión están presentes todos los acreedores reconocidos, entre los que figuran varios bancos, que tienen en su poder la hipoteca de las instalaciones, por importe de 380 millones de pesetas (2.283.846,00 euros), que se suscribió a finales de 1999 y la plantilla de la industria, a la que les adeudan cantidades. La comisión liquidadora está a la espera de que se le presenten ofertas para la compra de las instalaciones y poder saldar las deudas pendientes de la industria. Antes de que la comisión liquidadora se constituyera formalmente, el presidente de la sociedad, Manuel Castro, fue el encargado de presentar la denuncia por los robos que se estaban produciendo en las instalaciones, una vez que éstas quedaron vacías, al cerrarse la empresa. Previsión urbanística El concejal de Urbanismo, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, dice que el sector de suelo no urbanizable en el que se encuentran las instalaciones de Frimisa y Abella, tiene que ser, en su desarrollo, un punto de encuentro debidamente resuelto entre una zona de alta densidad edificatoria ya consolidada y otra de baja densidad.