Los representantes de la Administración se sumaron a la protesta por el incumplimiento de la Ley de Riesgos Catorce de los dieciséis integrantes del comité de seguridad e saúde laboral de la Xunta en Lugo presentaron ayer su dimisión, alegando incumplimiento sistemático de la ley que regula el funcionamiento de este órgano por parte de la administración autonómica. Entre quienes pusieron el cargo a disposición se encuentran seis representantes nombrados por la Xunta y entre ellos el propio presidente. La dimisión de este último figuraba en el orden del día. El resto se sumaron en cascada.
23 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La dimisión en bloque obedece, según el escueto comunicado conjunto difundido, a la «actitude da Administración fronte a este comité de seguridade e saúde de non contestación ós escritos donde se requiere información, a non comunicación de eventos graves en materia de seguridade e saúde, acaecidos nun centro de competencia deste comité». Se refieren en concreto a una amenaza de bomba y a la aparición de un caso de tuberculosis, que obligó a realizar pruebas a todos los funcionarios de Agricultura. El comité acusa a la Xunta de incumplir «deste xeito gravemente unha ley orgánica como é a Lei de Prevención de Riscos Laborais», que obliga a la administración a «darnos a coñecer os documentos e informes relativos ás condicións de traballo, coñecer e realizar os danos relativos á saúde e á integridade física dos trallabadores». «Limítanos -añade- tamén calquer apartado do artigo 39.1, dado que non se poden face aportacións en algo que non se coñece por incumplimento de comunicación ó respecto». En la reunión de ayer dimitieron los ocho representantes del comité de seguridad e saúde designados por la junta de personal y seis de los ocho nombrados por la Administración. A la convocatoria acudieron siete de estos últimos -faltó el director del Laboratorio de Sanidade Animal- y todos pusieron su cargo a disposición, salvo un jefe de oficina de Presidencia en Vilalba. Fuentes de la junta de personal de la Administración periférica apuntaron que con esta dimisión en bloque pretenden hacer reaccionar a la Xunta, que mantiene paralizados los informes de evaluación de riesgos laborales de cincuenta dependencias administrativas repartidas por toda Galicia.