El Código Penal contempla penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los tres años Los cabecillas de la red que organizaba matrimonios de conveniencia entre lucenses y colombianas serán acusados, casi con toda probabilidad, del delito de tráfico ilegal de personas. El grupo fue desmantelado por el Equipo Mujer Menor de la Guardia Civil de Lugo. Las penas que prevé el Código Penal para este tipo de casos oscilan entre los seis meses y los tres años de cárcel. Fuentes jurídicas consultadas sobre el particular indicaron que esta tipificación penal entró todavía en vigor el pasado año.
10 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Al menos cinco de las 31 personas detenidas por la Guardia Civil en la denominada operación tarta nupcial pueden ser acusadas de tráfico ilegal de personas. Se trata de un concepto novedoso, informaron fuentes jurídicas, que fue introducido en el ámbito criminal en los últimos años en relación con la extranjería. Está contemplado en el título XV bis del Código Penal, que trata sobre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El artículo 318 bis establece que los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a España, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. En este caso, se cree que los integrantes de la cúpula de la red de matrimonios blancos gestionaban el traslado de las colombianas a España, facilitándoles el billete, a cambio de trabajar posteriormente en barras americanas de Bóveda y Ordes. El citado artículo va más allá al prever penas de dos a cuatro años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses para quienes, con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de necesidad de la víctima, lleven a cabo el tráfico ilegal. De todos modos, el hecho de que este tipo de situaciones sean realmente nuevas plantea algunas dudas en materia de jurisprudencia. La incriminación de los matrimonios fraudulentos puede entrañar ciertas dificultades probatorias, si bien los expertos en materia de extranjería consideran que no son insalvables. El propio hecho de falsificar los expedientes civiles ya tiene consideración delictiva. Actualmente varios juzgados de Lugo tramitan la nulidad de al menos seis bodas de conveniencia.