Podrían beneficiarse de medidas alternativas, según explicó un juez en las jornadas penitenciarias La aplicación de las denominadas «medidas de seguridad», que suponen cambiar la cárcel por un tratamiento rehabilitador, se ve limitada por la falta de centros terapéuticos y medios auxiliares de la administración penitenciaria. Así lo expresó el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número dos de Pamplona, Eduardo Mata Mondela. Este juez fue el encargado de abrir las jornadas penitenciarias que continuarán en los próximos días con la participación de diversos expertos nacionales.
17 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Mata Mondela explicó lo que eran las denominadas «medidas de seguridad, contempladas en los artículos 96.2 y 96.3 del Código Penal. Pueden aplicarse a autores de delitos contra la propiedad de no excesiva importancia, con penas de cuantificación inferior o media y que hubiesen actuado movidos por la adicción a las drogas. En vez de que el delincuente cumpla cárcel, los jueces pueden decidir su ingreso en un centro rehabilitador para seguir un tratamiento de desintoxicación. «El derecho penal, así lo dijo también el Tribunal Supremo, debe operar más sobre la causa _la drogadicción_ que sobre su exteriorización. Para estos casos resultan sumamente útiles las denominadas medidas de seguridad», explicó el magistrado. «Los jueces tenemos medios» Eduardo Mata Mondela explicó que los jueces tenían medios legales para autorizar el cumplimiento de estas penas mediante el seguimiento del tratamiento rehabilitador. «En vez de cumplir cárcel, el condenado podrá seguir un tratamiento terapéutico. Esto puede aplicarse en determinados supuestos, siempre con un análisis previo de las circunstancias del caso: pena, personalidad del penado, garantías que ofrece...Tampoco se trata de aplicarlas indiscriminadamente y con poco cuidado», indicó el juez. Según Mata, este tipo de soluciones no se pueden intentar si no se cuenta con centros terapéuticos adeucados ni servicios auxiliares de la administración penitenciaria. En su opinión son fundamentales centros con capacidad técnica demostrada y garantías que, además, «deben comportarse con la Administración con una gran transparencia». El juez reconoció que centros terapéuticos no hay muchos. «Si no los hay públicos habrá que echar mano de los privados. Haría falta algo más: medios auxiliares de la administración penitenciaria. En Navarra existe un servicio social penitenciario que colabora con los juzgados de lo penal, siguiendo de cerca la evolución del penado. Resulta fundamental para el control de este tipo de medidas», apuntó. Eduardo Mata indicó que en Navarra aplican la medida desde hace años. «Es una experiencia muy positiva. Merece la pena porque estamos atacando la causa del problema», indicó. En el resto de España apenas se pone en práctica.