El fiscal imputó a nueve personas y pidió que fuesen condenadas a un total de 150 años de cárcel. Un tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, sin embargo, echó por tierra parte de los argumentos del ministerio público y dejó en 112 los años de prisión únicamente para cinco integrantes de una peligrosa banda de ladrones que asaltó un chalé de Chantada cuando una madre se encontraba sola en el interior con dos hijos menores. El atraco fue planificado desde Vigo donde el grupo tenía su base.
La Audiencia condena a Domingo Camiña Melón, Gheorghe Bejenaru, Rubén Collazo Rodríguez, Henry Carreño y Roberto Carlos Cuervo Quiñones, como autores de un delito de robo con violencia a la pena de seis años de prisión a cada uno de ellos. Considera que este hecho lo cometieron en concurso medial con tres delitos de detención ilegal por los que les aplica cinco años y medio más por cada uno de ellos. Además, les impuso, a su vez, 16 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros por un delito de daños y 40 días con la misma cantidad por una falta de lesiones.
Alejamiento
Los imputados no podrán acercarse a menos de 150 metros, ni comunicarse, con el propietario del chalé de Chantada que asaltaron, ni a su esposa, ni a los dos hijos. Será por el tiempo que dure la condena, más un año. Asimismo, tendrán que indemnizar a los perjudicados con diversas cantidades por los daños, las lesiones y también por las joyas que se llevaron del interior del domicilio.
El tribunal absolvió a cuatro personas que habían sido imputadas por el fiscal. Se trata de H.B.V., H. L. B. y F. P. B. Les acusaba de un delito de robo con violencia. Otra persona que fue absuelta fue E. G.N., una mujer a la que le atribuían receptación.
Los hechos que motivaron la sentencia sucedieron en la madrugada del 30 de abril de 2009. Con anterioridad, varios de los acusados pusieron en marcha un plan para entrar en una vivienda de A Veiga, en Chantada, propiedad de un transportista de pescado. Creían que éste tenía grandes sumas de dinero en su casa y el objetivo era robárselas. El plan pasaba por aprovechar cuando el dueño estuviera con su camión en el puerto vigués. Al menos cinco de los acusados entraron, a través de una ventana, en la casa en la que estaban la esposa del propietario y sus dos hijos menores. Uno de los asaltantes actuó a cara descubierta y los otros cuatro ocultaron el rostro con diversas prendas.
Una mujer y dos menores
Los asaltantes fueron al dormitorio principal donde se encontraba la mujer. Se abalanzaron sobre ella y la golpearon en la cabeza. La colocaron boca abajo y la ataron con los cables de la televisión, tanto en las manos como en los pies. Mientras tanto, dos de los malhechores fueron al dormitorio donde estaban los pequeños que agarraron y llevaron a la habitación donde estaba su madre. En esta situación la amenazaron para que revelara la combinación de la caja fuerte que estaba colocada en el interior de un armario.
Uno de los menores fue amenazado de muerte con un cuchillo que le pusieron al cuello para conseguir que su madre facilitase la combinación. Fue al menor al que obligaron a abrir la caja, lo que logró tras un segundo intento.
Posteriormente, los asaltantes ataron a los menores con cables y jerséis y le colocaron una pistola en la cabeza a su madre para que les dijese dónde estaba un segundo cofre que realmente no existía.
Los asaltantes se llevaron diversas joyas de oro y hasta los relojes que les habían regalado a los niños unas semanas antes con motivo de su primera comunión. Con el botín en su poder abandonaron la casa y dejaron atados a los moradores a los que previamente amenazaron para que no avisaran a la Guardia Civil.
Durante el juicio, los abogados de los acusados reclamaron la nulidad de las intervenciones telefónicas, sin embargo el tribunal considera que los argumentos esgrimidos no son aceptables. La sentencia destaca la validez de las escuchas, así como la prórroga judicial de las mismas porque siempre fueron acordadas judicialmente y cumpliendo las exigencias de legalidad constitucional. «La medida fue proporcional, pese a los múltiples números intervenidos, pero alguno de los acusados usaba varios a fin de no ser descubierto, lo que exigía una derivación en las intervenciones», refleja la sentencia.
También fue pedida una anulación porque no hubo control judicial de las transcripciones. En este sentido, el tribunal estima que el material probatorio son las cintas grabadas y no sus transcripciones «que tan solo tienen como misión permitir su más fácil manejo y que en el presente caso ni siquiera se tienen en cuenta por no haber sido adveradas».
Por otra parte, el tribunal desestimó condenar a los imputados por asociación ilícita, como así pedía el fiscal, por entender que no hay ningún dato que apunte a la existencia de la misma. Considera la sentencia que los condenados emplearon violencia porque llegaron a golpear a la moradora de la casa en la cabeza, exhibieron armas y aunque eran simuladas estaban en perfecta sintonía con las de fuego real. En cuanto a los delitos de detención ilegal el tribunal recuerda que los asaltantes abandonaron a la madre y a los niños dejándolos atados y que la detención se prolongó más de lo necesario.