La afición de algunos lucenses a dar de comer a las palomas le sale muy cara al conjunto de los empadronados en el municipio de Lugo. El contrato del Concello con la empresa que se encargue del control de las citadas aves, por un máximo de cuatro años, supondrá a las arcas municipales alrededor de 47.457 euros, de acuerdo con las estimaciones recogidas en el acuerdo de la junta local de gobierno.
Hasta ahora, del control de las palomas en la capital lucense, al igual que de los estorninos, vino ocupándose la empresa Locus Avis. Ahora, el Concello pretende adjudicar de nuevo el citado servicio por un máximo de cuatro años, con un presupuesto para el primero de ellos de hasta 14.000 euros.
El concejal de Medio Ambiente, Lino González, dijo ayer que sin este tipo de campañas habría tantas palomas que, además de molestas, podrían crear problemas higiénicos. En este sentido, recordó que mediante ordenanza municipal se prohíbe alimentar a los animales en la calle, pero, tanto con las palomas como con otras especies, hay personas que no pueden evitar echarles de comer. En este sentido, recordó que hay quien arroja alimento a los gatos desde la Muralla.
En el caso de las palomas, González Dopeso está convencido de que las medidas de control que se han aplicado a lo largo de los últimos años (captura de ejemplares mediante jaulas instaladas en distintos puntos de la ciudad) han dado buenos resultados y es necesario avanzar en la misma dirección. Confía en que, con el traslado del hospital de Lugo a San Cibrao, en la zona de A Residencia se produzca una reducción significativa del número de las citadas aves.
Por otro lado, la junta local de gobierno aprobó ayer la revisión del precio a pagar a Sogama por el tratamiento de la basura del municipio. El precio por tonelada en el año en curso es de 53,06 euros mientras que en el 2010 fue de 51,51 euros. El Concello estima que el coste total para todo el año será de 2.171.688,27 euros, más el IVA.
El Ayuntamiento de Lugo tiene adjudicada a la empresa Urbaser la instalación y gestión de una planta de compostaje desde el año 2003. Sin embargo, desde entonces no ha dado paso alguno para poner en práctica el citado acuerdo ni hay trazas de que se den a corto plazo.