La jueza Pilar de Lara Cifuentes tomó ayer declaración, en calidad de imputado, al abogado Germán Pumares Díaz, porque lo considera vinculado con la trama de los burdeles que continúa investigando. El nuevo involucrado trabaja como funcionario del Estado en la sección de Extranjería de la Comisaría de Policía lucense. Según algunas fuentes, la instructora le imputaría un presunto delito de actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Pumares compagina su trabajo en la comisaría con el que realiza en su despacho profesional. Las investigaciones a las que fue sometido después de que la jueza fuese a la comisaría en busca de información sobre la tramitación de expedientes a ciudadanos extranjeros apuntan a que esta persona podría aprovechar la información privilegiada de la que disponía para ayudar a diversas personas que, supuestamente, eran enviadas a su despacho para tramitar diversos aspectos burocráticos relacionados con sus permisos de residencia. Alguno de estos clientes eran, al parecer, mujeres que trabajaban en los clubes de alterne de la trama. La investigación también se centró en determinar las cantidades que pudo haber cobrado el letrado para resolver los trámites que presuntamente realizó.
Inspector jefe
La jueza parece que también se interesó en saber si el inspector jefe de la Brigada de Extranjería Evaristo Rodríguez Sánchez y el subinspector del mismo departamento, Eduardo Castro, ambos imputados en la operación, en calidad de jefes del funcionario estaban al tanto de la situación.
Las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en Extranjería tienen un gran calado y abarcan a funcionarios de varios departamentos. Supuestamente, no solo no se archivaron ordenes de expulsión sino que se tramitarían irregularmente otra serie expedientes con la connivencia de policías, funcionarios y los responsables principales de la trama ahora descabezada.