Familiares de alguna mujer que tuvo que ser sometida a un aborto terapéutico confirmaron que tuvieron suerte porque en su caso la malformación del feto fue diagnosticada por el ginecólogo que le llevaba el embarazo, que forma parte del grupo de especialistas que no alegan objeción de conciencia. El propio médico informó de las posibilidades de los riesgos que corría si seguía adelante con la gestación y le programó la interrupción del embarazo, en el momento en el que comprobó que disponía de anestesista y del resto de los profesionales para practicarlo.
Parece ser que es el propio profesional es el que tiene que programar las intervenciones porque, si bien hubo algunos intentos para poner en marcha equipos específicos, aprovechando las guardias de quienes están dispuestos a practicar los casos contemplados por la ley, no se llegó a plasmar en un programa específico.
Fuentes de los especialistas insistieron en que hay personal dispuesto a participar en este tipo de programas, pero falta implicación de la propia administración.
El problema, según otras fuentes consultadas, surge en el momento en el que la embarazada es atendida por alguno de los especialistas que objetan, que la remiten al COF para que le elaboren el informe correspondiente, desde donde la deriven a un centro privado.
El Xeral no está asumiendo aquellos supuestos, por ejemplo, en que las mujeres están sometidas a tratamientos farmacológicos que inciden en el feto.
Según datos del Ministerio de Sanidade, en el año 2004 se practicaron en España 84.985 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que representa una tasa de 8,94 por mil mujeres, con edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. Se realizaron en 133 centros españoles, que notificaron los datos al registro general del Ministerio.
Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidade apunta a que hasta el 2001 las mayores tasas de interrupciones voluntarias del embarazo se daban en mujeres separadas o divorciadas y entre las de mayor nivel educativo. El perfil actualmente está en revisión, fundamentalmente por la influencia de la inmigración, según apunta el propio estudio